La polémica de los niños entre barrotes en Bélgica

Bélgica estrena estos días una controvertida política para combatir la migración irregular. Se trata de la detención de menores, desterrada de las prácticas de extranjería en 2008 y recuperada ahora por el secretario de Estado de Migración, Theo Francken, un firme defensor de las políticas de mano dura. Sobre el papel, la medida persigue el bienestar de los menores. Si llegan a Bélgica acompañados de sus familias (la mayoría de los casos), el internamiento junto a sus allegados pretende garantizar que no se dispersan. Si aparecen en solitario —al menos ocho niños extranjeros son detectados cada día en el país sin compañía de adultos—, el internamiento les protege de vagar por las calles y caer en manos de las mafias. Un nuevo centro construido en las inmediaciones del aeropuerto de Bruselas acoge desde este año a familias —con hijos incluidos— cuyo destino más probable es la deportación a sus países de origen por no tener derecho al asilo.

Las ONG que trabajan con migrantes deploran la medida. “No hay ninguna necesidad de hacer eso; nunca se hace en el interés del menor”, explica Tine Vermeiren, de la Plataforma Menores en el Exilio, una organización belga que vela por los intereses de los niños desplazados de manera irregular. Esta experta considera contraproducente el encierro y argumenta que la experiencia revela mejores resultados cuando los niños permanecen en centros abiertos, con asistencia diaria a la escuela. Un grupo de médicos, enfermeros y psicólogos alertó en 2016, mediante una carta abierta a las autoridades, de que el 85% de los padres y los hijos retenidos en centros de migrantes presentaban trastornos mentales.

Por si ninguno de estos argumentos convence, Vermeiren añade otro que los gobernantes miran con lupa en tiempos de austeridad. Encerrar a los sin papeles sale caro. En 2017, el coste medio de un adulto internado en un centro cerrado en Bélgica sumó 92 euros al día. En los centros abiertos, la factura descendió a la mitad.