La última línea chavista

La puesta en marcha de un mecanismo administrativo que prohibirá a los partidos de oposición presentarse a las elecciones presidenciales que Venezuela celebrará el año próximo constituye un acto ilegal cuyo único objetivo es perpetuar al chavismo en el poder en la persona de Nicolás Maduro, dejando a la oposición fuera de la ley.

La llamada Asamblea Constituyente Venezolana —organismo elegido en unas elecciones sin las debidas garantías y que ha usurpado las funciones de la cámara legislativa legítima, la Asamblea Nacional— ha aprobado un decreto por el cual todos los partidos políticos que no concurrieron a las elecciones municipales del pasado día 10 deberán someterse a un proceso de legalización.

Dado que la mayor parte la oposición democrática rechazó participar en esos comicios ante la falta de transparencia del sistema ideado por el chavismo, significa que todas las formaciones implicadas —entre las que destacan Voluntad Popular, de Leopoldo López, Primero Justicia, de Henrique Capriles, y Acción Democrática, de Henry Ramos— deberán someterse a un proceso de legalización para poder presentar un candidato presidencial. De resultar denegada su solicitud, el resultado no será solo que Maduro pueda ir a la reelección prácticamente en solitario, sino que los principales partidos de la oposición democrática quedaran ilegalizados definitivamente.

Y mientras esto sucede en el interior el aislamiento exterior es cada vez mayor. El último episodio se vivió el jueves cuando los miembros de Mercosur —organización de la que Venezuela ha sido suspendida por su deterioro democrático— exigieron a Maduro la liberación de opositores presos y el respeto a la democracia y los derechos humanos.

Si Maduro ilegaliza a la oposición, convertirá formalmente a Venezuela en una dictadura. Y él será el dictador.