Hacia un Estado fiscalmente desarmado

Quien esté interesado en conocer con detalle el estado harapiento de la fiscalidad española no tiene más que prestar atención a dos informaciones recientes y unir la línea de puntos. La primera exponía algo muy simple: la presión fiscal en España bajó por primera vez en 2016 desde que gobierna el PP (del 34,5% del PIB en 2015 al 34,1%). Es de suponer que tal descenso habrá producido gran alborozo en el PP y en Ciudadanos. El drama implícito de la noticia es sencillo: los ingresos tributarios en España están a 7,2 puntos de PIB de la media de la eurozona. En un país con un déficit público elevado, con un grado decreciente de protección al desempleo, con un gasto social 4,3 puntos de PIB por debajo de la media europea, con un problema en ciernes con las pensiones y una carencia notable de infraestructuras, la única receta universal que proponen PP y a C’s es bajar impuestos.

Sólo con que la presión fiscal española, incluidas las cuotas de la Seguridad Social, se equiparase a la media de la eurozona, el Estado dispondría de unos 80.500 millones más. Que esa erosión fiscal voluntaria, buscada, limite la capacidad de acción del Estado, que lo ate de pies y manos durante una recesión y que desaparezca la función redistributiva de la riqueza —ahora que hasta el FMI reconoce que los impuestos son decisivos para combatir la desigualdad— son factores secundarios para las fuerzas hostiles a la tributación; el factor primario es la captación de votos. Esta es la historia lúgubre (casi tan triste como la de Ford Madox Ford) de la fiscalidad española.

La segunda información, proclamada en un informe de Oxfam, nos dice que en los últimos diez años la carga fiscal de las familias se ha disparado (del 73,8% en 2007 al 83,29% en 2016), mientras que el esfuerzo fiscal de las empresas ha caído (del 22,34% al 11,64%). Con las estadísticas de Hacienda en la mano, resulta que renta e IVA suman entre ambos 135.000 millones, mientras que sociedades recauda menos de 22.000. La recaudación por sociedades no ha recuperado los 44.800 millones conseguidos antes de la crisis. ¿Y por qué? Los beneficios han aumentado, según nos cuentan los balances empresariales; por el contrario, los salarios están deprimidos. Las razones se conocen: prácticas fiscales agresivas, erosión de bases imponibles (empresa hay en España que dispone de hasta 59 empresas instrumentales en Holanda), créditos fiscales pendientes... La tasa nominal del IS es del 25%; pues bien, su tasa efectiva sobre el resultado de explotación es del 10,7%. Y si se estrecha el foco, resulta que la tasa efectiva en las grandes empresas es del 7,3%, mientras que la de las pequeñas y medianas es del 12,2%.

La crisis de 2007 ha producido dos efectos devastadores: precariedad laboral y un desplazamiento perverso de la tributación hacia los impuestos indirectos y los que gravan las rentas familiares. Los hechos están a la vista; y también que la política económica de los gobiernos de Rajoy no sólo ha contribuido a llegar a esta situación (una loca carrera hacia el desarme fiscal del Estado), sino que está contribuyendo a que se haga crónica.