Selecciona Edición
Entra en EL PAÍS
Conéctate ¿No estás registrado? Crea tu cuenta Suscríbete
Selecciona Edición
Tamaño letra

Tan difícil como necesaria

España vive tres crisis simultáneas: económica, política y territorial. Una reforma constitucional recuperará la confianza de los españoles en las instituciones. Parece sensato empezar intentando mejorar el funcionamiento de la España autonómica

Tan difícil como necesaria

Parece que el debate sobre la reforma constitucional se va abriendo paso. Hace unos días, un grupo de prestigiosos catedráticos de Derecho Constitucional presentaron un documento titulado Ideas para una reforma de la Constitución, que busca estimular ese debate. El documento tiene una doble virtualidad: a la calidad técnica de sus propuestas une una expresa voluntad de consenso. Como los propios autores aclararon, esas ideas son fruto de la discusión y del acuerdo entre ellos.

Cuando los socialistas planteamos en Granada una reforma constitucional, lo hicimos para salir al paso de la crisis territorial que se estaba incubando en España. Pero no sólo. Sostuve en aquellos días que nuestro país vivía tres crisis simultáneas: la socioeconómica y, en parte debido a ella, una crisis política que se traducía en una profunda desconfianza de los ciudadanos hacia nuestras instituciones; y, también, una crisis territorial que erosionaba el Estado autonómico. Hacer frente a las tres crisis exigía un sinfín de medidas de todo tipo; pero cerrarlas del todo, cauterizar sus profundas heridas, dije entonces, necesitaba una reforma constitucional. Veamos por qué.

España está todavía inmersa en una grave crisis socioeconómica. Es innegable que lo peor ha pasado, pero también es cierto que una gran mayoría de los españoles no sienten la recuperación. Es fácil de entender: según el diccionario de la RAE, recuperar es volver a tener lo que uno tuvo. Ni en derechos, ni en empleo —cantidad y calidad—, ni en prestaciones sociales se ha producido esa recuperación. Pero, además, creo que es preciso garantizar que algunas medidas que se tomaron con la disculpa de la crisis no se puedan volver a adoptar; por ejemplo, el cuestionamiento del carácter universal de nuestro sistema sanitario. Y para hacerlo, lo mejor es “constitucionalizar” ese derecho, integrar la sanidad en el capítulo de los derechos fundamentales de nuestra Constitución. Reformar la Constitución para incorporar los derechos sociales perdidos no es la única manera de recuperarlos, pero es la forma de asegurar que nunca más se van a perder.

La revisión de la Carta Magna permitiría construir un nuevo proyecto político

Como decía, junto a la crisis socioeconómica que vive nuestro país, y agravada por ella, se ha instalado una profunda crisis política. Las causas son diversas, sin duda la corrupción es una de ellas, pero el hecho es que hoy los españoles no confían en el funcionamiento de nuestro sistema democrático. Superar esa desconfianza exige hacer reformas en muchas instituciones, empezando por los partidos políticos. Y, para ello, en algunos casos es necesario reformar nuestra Constitución. Otro ejemplo: reformar a fondo nuestro sistema electoral exige “desconstitucionalizarlo”, es decir, suprimir del texto constitucional la definición de la provincia como obligada circunscripción. Como ante la crisis socioeconómica, se pueden hacer muchas cosas para afrontar la profunda crisis política, pero algunas de las reformas que necesitamos van a exigir cambios constitucionales.

Los acontecimientos en Cataluña han evidenciado de forma dramática la tercera crisis, la territorial, sobre la que, como acabo de apuntar, algunos veníamos hablando desde hace años. No es nueva, y tampoco es la única tensión que afecta a nuestro modelo autonómico. Las ineficacias del Estado de las autonomías, amplificadas en un contexto de graves dificultades económicas, habían hecho rememorar las viejas estructuras centralistas en determinados sectores políticos y sociales.

Nuestro modelo autonómico vive hoy dos tensiones contrapuestas, una recentralizadora y otra independentista, que no se anulan, sino que se retroalimentan. No es aventurado imaginar que la llamada hoja de ruta del independentismo catalán, unilateral y, sobre todo, ilegal, ha dado alas a aquellos que nunca simpatizaron con el Título Octavo de nuestra Constitución. Pero no sólo a ellos; muchos ciudadanos españoles piensan que en esto de la descentralización se ha ido demasiado lejos, y que lo que toca ahora es regresar. Se han podido cometer errores y, sobre todo, ha habido deslealtades, pero los que creemos que el Estado de las autonomías es uno de los logros más notables de la Constitución de 1978 debemos afirmar sus innegables ventajas: ha permitido a los españoles convivir reconociéndonos como somos, diferentes, que no desiguales, y ha propiciado el desarrollo social de muchas comunidades a las que el centralismo anterior había condenado a la miseria. La mejor forma de defender esos logros de la Constitución es abordar su reforma para, de entrada, mejorar su eficacia. Por ejemplo, clarificando la distribución de competencias entre el Estado y las comunidades; o reformando el Senado para convertirlo en una Cámara Territorial en la que las comunidades puedan participar directamente en el proceso legislativo de las normas que les afectan. También para incorporar a nuestra Carta Magna los principios de un sistema de financiación que sea transparente, justo y solidario, capaz de garantizar la igualdad de todos los españoles ante el ejercicio de sus derechos sociales básicos. En resumen, y como afirman los catedráticos a los que me refería al principio, no para definirnos como un Estado federal, sino para aplicar las mejores técnicas federales, y resolver los problemas del sistema autonómico. Una reforma para reflejar mejor las singularidades de nuestras comunidades —desde luego, de Cataluña, pero no sólo de Cataluña— que dé paso a unos nuevos Estatutos de Autonomía, en los que cada comunidad pueda recoger su organización institucional y territorial, sus normas de autogobierno.

Nuestro modelo autonómico vive hoy dos tensiones contrapuestas, una recentralizadora y otra independentista, que no se anulan sino que se retroalimentan

La lista de posibles modificaciones de nuestra Constitución no se agota en los aspectos a los que me he referido. Abordarlos todos al tiempo no es posible ni razonable en términos políticos. No podemos olvidar que, sea cual sea el mecanismo constitucional para emprender las reformas, lo más probable, dada la composición del actual del Parlamento y, seguramente, lo más conveniente es que se sometan a la decisión del conjunto de los españoles. Habrá, pues, que secuenciar y priorizar la discusión, y también la aprobación; pensar en reformas sucesivas más que en una sola reforma. Ese es el primer consenso a alcanzar. No parece insensato comenzar intentando rehacer nuestro pacto territorial para, como ya he apuntado, mejorar el funcionamiento de la España autonómica. Hacerlo en el Congreso de los Diputados, acordarlo con las comunidades autónomas y refrendarlo por los españoles, también por los catalanes, muchos de los cuales han llegado al independentismo por la inexistencia de una alternativa de cambio en nuestras normas de convivencia.

Cuarenta años después de su aprobación, se acumulan las razones para abordar una reforma de nuestra Constitución, adecuarla a una realidad muy distinta a la que alumbró el texto de 1978, y hacer frente a una crisis profundísima con graves repercusiones económicas, sociales, territoriales y políticas. Esta revisión de la Carta Magna aparece así como la oportunidad de darles a nuestros conciudadanos, sobre todo a las nuevas generaciones, un nuevo proyecto político para España. Conservando lo que mi generación hizo bien, revisando lo que no supimos hacer, y tratando de anticipar las duras exigencias que ya se vislumbran. Sé que es una empresa de enorme dificultad, pero me resisto a creer que ni siquiera seamos capaces de empezar a discutirlo.

Alfredo Pérez Rubalcaba fue secretario general del PSOE.

Puedes seguir EL PAÍS Opinión en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter.