Volver a la estabilidad

Uno de los indicadores más fiables de los daños causados en la sociedad catalana por el secesionismo es el cambio masivo de sede de las empresas. Hasta el momento, más de 1.800 compañías han abandonado la comunidad autónoma, empujadas por una atmósfera irrespirable de inseguridad jurídica, por las expectativas de que la situación podía llegar a ser violenta y por el temor a perder el paraguas de la estabilidad económica europea. Desde el viernes pasado, hay razones para suponer que con la recuperación de la estabilidad política se restaurará la seguridad jurídica, un intangible que para los inversores condiciona en primera instancia la rentabilidad futura del capital.

Todas las instituciones económicas internacionales y también el Gobierno español están de acuerdo en que el daño causado por el fallido intento independentista está en relación directa al tiempo que tarde en restablecerse la seguridad política y jurídica en Cataluña. Cuanto más se demore la normalidad, mayor será el deterioro económico, desde la contracción de las inversiones hasta la caída del turismo; y cuanto más se demore la liquidación de este procés más riesgo existe de que la inestabilidad económica en Cataluña se propague a la economía española y, por cierto, también a la europea.

Por tales razones es imprescindible estabilizar la política y la economía catalanas con cierta premura. Hay motivos para suponer que las decisiones del Gobierno (aplicación del artículo 155, convocatoria de elecciones autonómicas el 21 de diciembre) contribuirán a llegar a esa normalidad, salvo que medien convulsiones sociales o políticas. De hecho, las empresas catalanas han empezado a recuperar parte de la capitalización bursátil perdida durante la crisis del procés. Los signos de normalización que proceden de los mercados son las medicinas más eficaces para recuperar la confianza empresarial.

No basta con la intervención política del Estado para recuperar la estabilidad. Una de las condiciones indispensables para recuperar el pulso económico es que no se produzca un rechazo inmotivado de los productos catalanes en el resto de España. Las campañas organizadas en contra de productos catalanes no sólo son pueriles y difíciles de argumentar sino que además, como cualquier ciudadano sabe, son injustas y caóticas. Pero hay una razón todavía más poderosa para rechazar tales campañas. En una economía global y altamente interrelacionada, cuando se castiga un producto regional con toda seguridad se están penalizando manufacturas intermedias y suministros procedentes de otras regiones. Lo más probable es que un boicot a productos catalanes implique pérdidas de producción de empleo en Andalucía o Extremadura.

Sería conveniente que el Gobierno hiciera un llamamiento público en favor de la normalidad del consumo y de rechazo absoluto de las campañas anticatalanas. Los gestos importan mucho, para la estabilidad económica y para los ánimos políticos. Hay que volver a una integración normalizada de la economía española de forma inmediata.