¿Adónde vamos?

Independientemente de cómo evalúe cada uno el auto de la Audiencia que dictó prisión incondicional para los dos principales activistas de la revuelta soberanista, hay ciertos principios democráticos a los que todos debemos atenernos.

El principal es que la separación de poderes, requisito del Estado de derecho, exige reconocer y respetar la independencia de cada uno de ellos y, por tanto, acatar las resoluciones judiciales. Ello no implica estar siempre de acuerdo —por eso las democracias arbitran cauces para recurrir las decisiones de los jueces—. Lo olvidan los independentistas cuando mezclan actuaciones distintas de cada uno de los poderes en un totum revolutum de un Estado presuntamente hostil. A la inversa, otros se atribuyen los dividendos de las acciones de los demás poderes.

El secesionismo debería evitar la falaz construcción de un caso general según el cual estaría perseguido por unos poderes dictatoriales coordinados, que tratarían a Cataluña como un país sojuzgado para reclamar una secesión remedial avalada por la comunidad internacional. ¡Ya basta de esta burda manipulación que tanto está perjudicando la imagen exterior de España! Si los procesados bloquearon o no a la policía judicial, apoyándose en la muchedumbre por ellos convocada y en presunta comisión de graves delitos contra el orden público, habrá que dilucidarlo en la escena judicial. En ningún caso, desde luego, estaríamos ante delitos de opinión que les convirtieran, como increíblemente señalan Pablo Iglesias y otros, en presos políticos. Ya está bien de banalizar términos como dictadura, fascismo u opresión. España es una democracia, y —como señala la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la ley del referéndum— es en Cataluña donde Govern y Parlament han suspendido de facto los derechos democráticos de los ciudadanos y puesto en peligro sus libertades.

Dicho esto, el Gobierno no debe esperar que las decisiones judiciales resuelvan los problemas políticos presentes. Los jueces deciden sobre delitos. Ni pueden ni deben solucionar problemas políticos. Estamos ante una grave crisis del sistema constitucional: falla la convivencia, se quebranta la ley y el poder no es capaz de restaurar el orden constitucional. Aunque sea originariamente causada por el golpe legislativo de un poder autonómico —muy bien descrito en la sentencia de ayer del Tribunal Constitucional—, al ser la autonomía y la democracia características gemelas e inseparables de la Constitución de 1978, la fisura de una arriesga con fracturar la otra.

El principal problema que afronta hoy España es cómo restaurar la legalidad; de qué alcance se dota a los instrumentos a emplear para ello; cómo combinar firmeza y ponderación; cómo debe ser el escenario inmediato —y el posterior— al empleo de medidas de reconducción obligatoria de una comunidad instalada en la desobediencia. Y todo eso es responsabilidad directa del Gobierno. Con el apoyo de las fuerzas políticas constitucionalistas españolas y catalanas, por supuesto, pero bajo el liderazgo del Gobierno. Sabedores de que el secesionismo propone la ilegalidad, provoca la fuga de empresas y fomenta el caos, ¿adónde quiere conducirnos exactamente el Gobierno? ¿Adónde vamos? ¿Cómo y para qué piensa utilizar el artículo 155 de la Constitución? Señor Rajoy: reclama usted con todo derecho el respaldo que cualquier gobernante democrático merece en circunstancias como las actuales, pero díganos: ¿cuál es su plan? ¿Cómo piensa sacarnos de esta? No se difumine tras cartas e instituciones. Explíquese con detalle y claridad. ¿Cómo, si no, podrá requerir el máximo apoyo de los ciudadanos, indispensable para preservar la democracia?