Afrontar la sequía

La sequía meteorológica que sufre España al registrar menos lluvias que las medias históricas desde 2014 se ha convertido ya en sequía hidrológica, al provocar un descenso en las reservas de agua hasta niveles inferiores a las medias: los pantanos del país están al 38,3% de su capacidad y hay que remontarse hasta los años noventa para encontrar una reserva menor. Cinco comunidades han tenido que prolongar en octubre el uso de camiones cisterna propios del verano tras el septiembre más seco de este siglo. Y el Gobierno ha advertido de que el abastecimiento está garantizado hasta final de año.

De prolongarse esta situación, se ampliarán las restricciones para el riego en un país en el que el sector agroalimentario representa un 10% del PIB. Las pérdidas de cosecha son ya considerables y han hecho activar seguros, exenciones, ayudas directas y líneas de financiación por parte del Gobierno a través de los reales decretos del Júcar, Segura y Duero, según explicó esta semana la ministra Isabel García Tejerina en el Senado.

Las ayudas pueden paliar los daños que sufren ya los agricultores, pero España necesita una estrategia de largo plazo que ordene y mejore las infraestructuras hidráulicas para reducir pérdidas de agua y que afronte un cambio posiblemente estructural y no parches coyunturales. También un plan contra el cambio climático que racionalice y disminuya las emisiones, que crecen si aumenta la electricidad producida con carbón y gas y disminuye la de las centrales hidroeléctricas. En lo que llevamos de año se ha producido la mitad de electricidad a través de esta fuente renovable que en el mismo plazo de 2016.

La sequía, en suma, afecta al consumo, pero también a la agricultura, a las emisiones y en última instancia al desarrollo sostenible de un país. Afrontarla desde la responsabilidad de Estado debe ser una obligación prioritaria para el Gobierno, comunidades y oposición.