Sucesiones, una especie fiscal en riesgo de extinción

PP y Ciudadanos actúan como plaga de langosta para la estructura fiscal del Estado. Allá por donde pasan destruyen vegetación tributaria con la eficacia de un defoliante químico; donde encuentran un impuesto directo, lo apalean hasta dejarlo en coma. El PP se ha manejado siempre con el ideograma Donde mejor está el dinero es en el bolsillo de los ciudadanos, una simpleza precocinada por los desvaríos de Reagan y Thatcher con la curva de Laffer y el delirante recuelo aguirrista. Ciudadanos rabia de liberalismo preindustrial: cuantos menos impuestos, menos Estado y pena porque “los españoles han sufrido mucho con la crisis”. Hay que bajar los impuestos con independencia de cuales sean las necesidades del Estado (seguridad, protección social, costes de la crisis, situación relativa con la imposición europea) y de la absoluta indefensión del Estado para responder a los daños de la recesión. Como sucedió en 2008.

Como muestra, esto es lo que acaba de suceder en Andalucía. Ciudadanos, entrando al bulto con la obsesión antifiscal, utilizó su acuerdo parlamentario para forzar un cambio en el impuesto de sucesiones. Si hasta ahora la reducción para no pagar el impuesto era de 250.000 (limitando la tributación hasta 350.000), el texto salido de la extrusión de Ciudadanos eleva la reducción a un millón por cada heredero directo. En adelante, sucesiones figurará en la lista de especies fiscales en extinción en Andalucía; porque si se tiene en cuenta que en ese ámbito autonómico apenas un 0,4% de los declarantes admite disponer de patrimonio, será una auténtica rareza encontrar legados que superen el millón de euros por heredero. Como toda reducción fiscal, la nueva norma favorecerá a las rentas más altas sin beneficiar a las más bajas (ya suficientemente atendidas con un límite exento de 250.000 euros por heredero).

La Comisión de Expertos para la Reforma de la Financiación Autonómica desaconsejó acendradamente que se suprimiera (estamos ante una supresión de facto) el impuesto de sucesiones; y advirtió, muy sensatamente, de que, en caso de suprimir alguno de los tributos, se planeara con detalle cómo iban a sustituirse los impuestos suprimidos. ¿O es que acaso Andalucía no echará en falta el dinero que deja de recaudar (casi 100 millones)? Pero las exigencias paranoicas de la aniquilación tributaria, tanto más firmes cuanto más cerriles y delirantes son, operan siempre en el vacío. Ni tienen en cuenta las necesidades del Estado (o del Gobierno autónomo) ni atienden a razones elementales, como la de que lo que se deja de percibir hay que ingresarlo por otras vías.

A la insistente reclamación de que la sociedad española necesita una reforma fiscal (y no recortes arbitrarios pensados para ganar votos o colgarse medallas de liberalismo redentor), habría que añadir un cambio legal urgente: que no se apruebe un solo recorte impositivo sin adjuntar un informe de cómo se sustituirá lo que pierde mediante nuevos ingresos. Si PP y Ciudadanos quieren bajar impuestos, que nos informen de qué servicios o protección social dejaremos de pagar a cambio.