Una policía española

La conversación tuvo lugar en el despacho del president de la Generalitat, Lluís Companys, una mañana de julio de 1936. Los protagonistas eran el propio Companys y el recién nombrado comisario general de Orden Público de la Generalitat, el capitán de Caballería Frederic Escofet. Los dos hombres estaban unidos por una experiencia de las que marcan: ambos habían sido encausados por la proclamación de l’Estat Catalá de la República Federal Espanyola el 6 de octubre de 1934. A Companys aquello le costó una condena de prisión, de la que sería amnistiado por el gobierno del Frente Popular; a Escofet, como militar y segundo jefe de los Mossos d’Esquadra en 1934, una condena a muerte que le fue conmutada por el presidente de la República.

Dos años después, ambos enfrentaban la amenaza de una sublevación militar. Companys le preguntó a Escofet si creía que podrían oponerse con éxito a los rebeldes. El comisario general de Orden Público evocó aquella jornada de octubre de 1934, en la que, recordó, había asistido a la vacilación de muchos hombres a sus órdenes, e hizo esta reflexión: una cosa es estar dentro de la legalidad (dins la legalitat), con un código que no sólo protege, sino que valora tu actuación, y otra estar en una posición de rebeldía, y que te sitúa frente a ese mismo código. Sobre esa base, Escofet le auguró a Companys la derrota de los militares rebeldes, y no erró en su vaticinio. Las fuerzas de seguridad a sus órdenes (los cuerpos estatales de Seguridad y de Asalto, y el autonómico de los Mossos d’Esquadra), con el apoyo decisivo de la Guardia Civil, se impusieron a los militares sediciosos.

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Es este uno de tantos momentos de su historia en el que el cuerpo de los Mossos d’Esquadra actuó, junto a sus compañeros policías y guardias civiles, como lo que es desde su fundación: una policía española, comprometida con las leyes españolas y su defensa frente a quienes intentan violentarlas. Sus orígenes se sitúan en los años posteriores a la guerra de Sucesión: se conviene en situar el nacimiento del cuerpo en la revuelta de los Carrasclets de 1719. Reconocidos por decreto del capitán general de Cataluña de 24 de diciembre de 1721 (que confirma como jefe al bayle de Valls, Pere Anton Veciana), en sus primeros años se dedicaron sobre todo a la persecución de «sediciosos», esto es, aquellos que aún alentaban en el campo catalán la causa de los derrotados en la guerra de Sucesión y la resistencia a la dinastía borbónica, de la que actuaron como arrojados defensores.

Durante su primer siglo de vida, en el que la organización policial española no terminaba de consolidarse, las Esquadras catalanas se configuraron como un cuerpo policial integral, extendiendo su acción a la persecución de toda clase de malhechores y asumiendo las funciones de policía judicial por orden del capitán general de Cataluña (con carácter pionero en el continente, como sostiene en su tesis doctoral el comisario del cuerpo Joan Miquel Capell). No es nada descabellado conjeturar que su despliegue, basado en casas cuartel, sirvió de inspiración al de la Guardia Civil, cuyo organizador, el duque de Ahumada, pudo conocer el modelo en su etapa de inspector general del Ejército en Cataluña. A lo largo del siglo XIX, desplazadas en parte por la nueva organización policial española, las Esquadras fueron quedando relegadas a funciones de seguridad rural, y no en todas las comarcas catalanas. El cuerpo del que en 1934 Escofet era segundo jefe apenas contaba con unos trescientos efectivos.

Es en desarrollo del estatuto de autonomía amparado por la Constitución española de 1978 cuando el cuerpo de los Mossos d’Esquadra adquiere las proporciones actuales, desplegándose como policía integral en todo el territorio catalán. En ese proceso toma como referente a las fuerzas de seguridad estatales a las que releva, y en especial a la Guardia Civil, por su tradición de seguridad rural (inexistente en la Policía), y por esa vinculación histórica con las Esquadras en su momento fundacional.

Quienes quieren presentar a los Mossos como algo opuesto a las fuerzas y cuerpos de seguridad españoles, y exento de obedecer las leyes comunes, no sólo ignoran su historia; también ponen en peligro su solidez como institución, invitándolos a una acción que los desnaturalizaría como agentes de la ley y de la autoridad judicial: esa función en la que fueron pioneros y a la que, ya lo advirtió el comisario Escofet, sale caro sustraerse.