Cataluña y la UE: la paradoja de la soberanía

El movimiento independentista catalán asume que, llegado el momento de su independencia, sea esta el resultado de un acuerdo con España o incluso una declaración unilateral, Cataluña se convertirá de manera automática (en las visiones más optimistas) o con un proceso de adhesión corto y sencillo, en Estado miembro de pleno derecho del club. Los argumentos legales por lo que esto no puede ser así se han dado en numerosas ocasiones, pero quiero incidir en las razones aportadas por el independentismo para asumir la pertenencia al club. Mi tesis es que, una vez que Cataluña ganase, hipotéticamente, su soberanía, las decisiones sobre su status quo dentro de la UE no dependerían de ella sino de otros 28 (o 27) Estados, creando una “paradoja de la soberanía”: convertirse en Estado soberano puede significar que el mantenimiento del status quo deja de depender de uno mismo y pasa a depender de terceros.

Los independentistas argumentan, primero, que una decisión democrática no puede ser ignorada por la UE, apelando al valor de democracia inscrito en los propios tratados. Este argumento se elaboró de forma más extensa en relación a Escocia, pero en el caso catalán se alarga para cubrir también el hipotético caso de una independencia unilateral. Hay dos objeciones poderosas contra esta afirmación: por una parte, nada en el derecho, ni en la ética, obliga a tener en cuenta las decisiones democráticas de un país por parte de otros que también lo son. ¿Por qué Estados terceros deben aceptar los efectos de una decisión democrática tomada por otra unidad soberana? El caso del referéndum griego sobre la aceptación o no del paquete de rescate y la reacción de los socios comunitarios ilustra perfectamente la nula capacidad de una sociedad de imponer decisiones democráticas a otras (nótese que no se habla aquí de las externalidades, es decir, consecuencias inevitables para terceros, sino de la aceptación activa de decisiones democráticas).

La segunda objeción tiene que ver con la afirmación, realizada por algún jurista con posiciones próximas al independentismo, de que la UE tendría que reconocer una secesión unilateral si esta es democrática, apelando de nuevo al valor de democracia contenido en el propio tratado. Y se dice que, enfrentada una decisión democrática unilateral a otros valores contenidos en el mismo, como el respeto por la integridad territorial o el Estado de derecho, la UE tendría que arbitrar entre esos valores. En realidad, es inconcebible dentro de la UE separar y enfrentar los valores que la sustentan: respeto por los derechos fundamentales, Estado de derecho y democracia están indisolublemente ligados y apelar a uno frente a los demás revela, en realidad, una pobre comprensión de cómo esas nociones se han construido en el contexto europeo. De hecho, las derivas iliberales de los actuales Gobiernos de Polonia y Hungría se escudan en la realización de la voluntad democrática pero han encontrado el muro de contención levantado por la UE en torno a la defensa del Estado de derecho (y, más específicamente, de la separación de poderes).

El segundo argumento apela a la privación de derechos para los ciudadanos catalanes y a que la UE no podrá prescindir de una economía rica con 7 millones de personas. Sobre el segundo punto, la reacción al Brexit muestra que la UE puede sobrevivir sin desgarro a la separación de 66 millones de personas así que no parece que este argumento tenga mucha fuerza.

En cuanto al mantenimiento de los derechos de los ciudadanos catalanes, se podría construir un argumento con una cierta fuerza moral aunque con un componente cínico: adoptar decisiones democráticas implica asumir las consecuencias de las mismas. La UE podría acordar regímenes transitorios para ciudadanos y empresas catalanas, pero esto siempre sería una decisión discrecional de la propia UE y difícilmente exigible de manera unilateral. Y, desde luego, los derechos otorgados a los ciudadanos no equivalen a reconocer derechos al nuevo Estado, una confusión muy extendida entre el mundo independentista. En cualquier caso, el hipotético status post-independencia de Cataluña dependería de las decisiones de la UE que obviamente, estarían influidas por uno de sus miembros, España (como ocurre con Chipre con respecto a la República Turco chipriota). Paradojas de la soberanía.

Carlos Closa Montero es profesor de Investigación del IPP-CSIC.