Tragedia rohingya

La crisis humanitaria sin precedentes desencadenada en la frontera entre Bangladés y Myanmar por la persecución en este último país de la minoría rohingya hace necesaria una acción internacional de ayuda efectiva tal y como pide insistentemente la agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

Más de 400.000 personas, la mayoría de ellas ancianos, mujeres y niños, han cruzado desde el pasado 25 de agosto la frontera bangladesí huyendo de la ofensiva de los militares birmanos que la ONU no ha dudado en calificar como “una limpieza étnica de manual”. Los militares de Myanmar justifican sus ataques en la actuación del grupo insurgente denominado Ejército de Salvación Rohingya en Arakan, al que califican de grupo terrorista y aseguran que tienen lazos con el Estado Islámico y Al Qaeda, algo que los insurgentes —quienes además declararon el cese de sus operaciones— han negado siempre. Lo cierto es que las acciones militares son absolutamente desproporcionadas haciendo más que razonable la acusación de la ONU de que lo que pretenden es la expulsión de su territorio de una minoría étnica y religiosa en este caso musulmana, algo completamente inaceptable desde el punto de vista del derecho internacional y humanitario.

Llama la atención en este drama la actitud que mantiene el premio Nobel de la Paz —y líder de facto del Gobierno civil birmano— Aung San Suu Kyi, a quien desde diversas instancias se le ha pedido que ejerza su autoridad moral para hablar en contra de la ofensiva. Sin embargo, Aung San Suu Kyi, símbolo de la resistencia civil por la democratización del país que durante los 15 años de su arresto domiciliario recibió el apoyo del mundo democrático, no ha hablado ante el poder militar en favor de esta minoría perseguida. Triste colofón para quien deniega ahora ayuda a quien más lo necesita.