Ataque a la libertad

Confunden la Generalitat y la dirección de los Mossos los papeles que desempeñan las fuerzas de seguridad y la prensa en la sociedad. El de los cuerpos policiales es claro y lo recordó ayer el jefe de los Mossos, Josep Lluís Trapero: la seguridad de los ciudadanos. El de los periodistas, debería saber, es arrojar luz sobre las zonas oscuras en asuntos de relevancia pública como los atentados del 17 de agosto. Aunque incomode, aunque moleste o aunque contradiga las informaciones oficiales en las que los ciudadanos tienen el derecho de poder confiar con máxima credibilidad.

Reconocer —como han hecho el conseller de Interior y el propio Trapero— que a finales de mayo sí recibieron una alerta de un posible atentado en la Rambla, aunque de fuentes distintas de la CIA o el Centro Nacional de Contraterrorismo de EE UU, aporta una información nueva y relevante al puzle que aún está pendiente de completarse. Cuando El Periódico de Catalunya publicó esta afirmación el propio día del atentado, Puigdemont, el conseller del Interior y Trapero la negaron con toda contundencia. Repasar ahora sus declaraciones de esos días permite llegar a la conclusión de que tergiversaron o mintieron. El president aseguró que “la policía se relaciona con otros cuerpos policiales y no existe una relación directa entre agencias de inteligencia y los Mossos”. El conseller aprovechó el desmentido para cargar contra la estrechez de competencias: “Desgraciadamente, como no somos Estado, no podemos tener relación con los servicios de inteligencia de otros países. Estaríamos encantados”. Y Trapero abundó en la valoración, sobrepasando con mucho sus competencias exclusivamente policiales: “Si ya tenemos problemas en el ámbito internacional para relacionarnos porque no es la competencia que nos reconoce el Estado, todavía menos relaciones con servicios de inteligencia”. Tal vez deberían comprender que hubiéramos entendido el silencio, pero nunca la mentira.

Ayer, después de que El Periódico se reafirmara y aportara la textualidad de la alerta, el Govern no tuvo más remedio que reconocer que esta sí había existido, aunque procedente de otras fuentes, y que no la juzgaron creíble. Lo que Trapero calificó de mentira no era tal.

Lo que desprestigia a los Mossos no es una campaña mediática, sino rehuir su responsabilidad

Pero no es el posible fallo policial lo que ahora está en cuestión, y que deberá dirimirse en un futuro próximo en una investigación de amplio espectro que abarque a todas las fuerzas de seguridad implicadas, sino la embestida de las autoridades catalanas contra la libertad de expresión y contra quienes les lleven la contraria, a los que atribuye una falaz campaña de desprestigio contra los Mossos. Trapero llegó a acusar personalmente al director de El Periódico de que “su prioridad es desprestigiar a los Mossos y dar una exclusiva”. El viejo recurso de cargar contra el mensajero funciona de nuevo. Es el mismo método que utilizaron cuando EL PAÍS reveló los contactos entre la policía de Bélgica y los Mossos sobre el imán de Ripoll.

La Generalitat y la autoridad policial se revuelven contra los medios para tapar sus propios errores, en una huida hacia adelante que no repara en los daños que causan a sus instituciones y a la sociedad civil. Sin percatarse de que lo que desprestigia a los Mossos no es la información periodística, sino negarse a rendir cuentas como si un cuerpo policial democrático estuviera por encima de la obligación de responder a las legítimas preguntas de la sociedad. En este periódico no tuvimos dudas en elogiar a los Mossos cuando, en los primeros días, su actuación nos pareció diligente. Tampoco tenemos dudas ahora de la necesidad de investigar a fondo su trabajo y el de otros cuerpos policiales —preferentemente mediante una comisión parlamentaria de investigación— ante los múltiples y graves errores detectados desde entonces.

El atentado se está convirtiendo en nuevo campo de batalla como lo fue el del 11-M

Comparar esa investigación con un intento de desprestigio es uno más de los síntomas de autoritarismo de los que está haciendo gala la Generalitat.

Tanto el conseller Forn como Trapero repitieron una y otra vez que la alerta fue desestimada “por el Estado”, arrojando a Madrid la responsabilidad y el reconocimiento que tanto les cuesta contemplar cuando se trata de gestionar los logros.

España tuvo la desgracia de contemplar cómo el peor atentado de su historia, el 11-M, se convirtió en campo de batalla político. Conjurar ese peligro debería ser una urgencia ineludible y una responsabilidad de primer orden que no se vislumbra, sin embargo, en la actuación de la Generalitat. El peor atentado desde entonces, el cometido el 17 de agosto, comienza ya a convertirse en nuevo campo de batalla para librar esta vez la guerra de los independentistas contra todos los demás. La lección, por desgracia, no fue aprendida. Muchas instituciones y medios han elogiado a los Mossos en un determinado momento. Ahora el Govern debe comprender que sus aciertos en algunas circunstancias no les eximen en ningún caso de rendir cuentas en los capítulos en los que parece claro que se ha obrado mal. Y este lo es.