Venezuela, una salida

En los últimos años, como secretario general de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), seguí muy de cerca la evolución de la situación de Venezuela. Por disposición del Consejo de Cancilleres de la Unión, pusimos en marcha una estrategia de diálogo entre el Gobierno venezolano y la oposición que permitió identificar cuatro áreas críticas en las que se requerían acuerdos inmediatos: equilibrio institucional de poderes, calendario de elecciones, liberación de dirigentes políticos y medidas de aprovisionamiento de medicinas y alimentos. Las comisiones que se crearon para abordar cada uno de estos temas funcionaron durante varios meses y contaron con un fuerte respaldo internacional.

La comisión de asuntos sociales y económicos preparó una propuesta de estabilización que planteaba la unificación cambiaria, un programa masivo de subsidios monetarios para la clase media, alianzas público-privadas para el abastecimiento de bienes de primera necesidad, renegociación de la deuda externa y ajuste gradual de los precios y tarifas de bienes y servicios energéticos que financiaría el programa. La propuesta fue rechazada por los sectores radicales del Partido de Gobierno. Sus conclusiones mantienen actualidad y validez.

A petición del Gobierno, Unasur promovió una misión para facilitar el diálogo de la que formaron parte los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero, de España, Martín Torrijos, de Panamá, y Leonel Fernández, de República Dominicana. Desde entonces, mis colegas han estado buscando puentes de negociación para no llegar hasta donde hoy nos encontramos, en medio de dos callejones sin salida: una Asamblea Constituyente formada exclusivamente por representantes del partido de gobierno y una estrategia de acción política de la oposición desde la calle cuya dudosa efectividad se mide por el número de muertos. Los sectores radicales del Gobierno y los de la oposición han llevado el país a la situación límite en que hoy se encuentra.

A más largo plazo, se requiere un pacto social para la reactivación de la economía y un acuerdo constitucional de reequilibrio de poderes para asegurar la representación equitativa de todos los partidos y movimientos

La pregunta, frente a este panorama desolador, es si hay o no una salida. Mi respuesta es sí, sí la hay, si los actores políticos venezolanos, apoyados por la comunidad internacional, se comprometen con ella.

En el corto plazo, se requiere un acuerdo de gobernabilidad democrática como el que propusimos los expresidentes a comienzos de este año, basado en cuatro premisas: 1) Definir el calendario constitucional para las próximas elecciones. 2) Acordar los términos de una ley de amnistía que, definidos en una comisión paritaria de verdad y justicia, habilitaría la participación electoral de todos los actores políticos. 3) Devolver a la Asamblea Nacional los poderes que le retiró el Tribunal Supremo de Justicia, y 4) abrir canales público-privados para el abastecimiento de bienes básicos, especialmente medicinas y alimentos a partir de una unificación de los tipos de cambio.

En un escenario de más largo alcance, además de un pacto social para la reactivación productiva de la economía en el cual se ha venido trabajando, se precisa un acuerdo constitucional de reequilibrio de poderes para asegurar, hacia el futuro, la representación equitativa de todos los partidos y movimientos en los poderes del Estado.

Así se acabaría con la inestabilidad que produce el juego de perdedores y ganadores en que se ha convertido la alternación política en Venezuela, donde el que gana se queda con todo y el que pierde no queda con nada. Esta reforma constitucional, que resultaría de concertar las visiones de país que construya el partido de gobierno a través de la Asamblea Constituyente y la que acuerde la propia oposición a través de sus líderes y mecanismos de consenso, sería sometida antes de terminar este año a una refrendación plebiscitaria de todos los venezolanos.

A lo largo de este año, algunas personas afines al Gobierno o a la oposición me han cuestionado por no tomar partido a favor o en contra de los bandos en que se encuentra dividida la política en Venezuela. No lo hice como secretario general de Unasur, porque estaba impedido estatutariamente para hacerlo, ni lo haré ahora porque considero que el camino de las descalificaciones personales y los señalamientos radicales aleja al país de la salida democrática y pacífica que hoy pide la ciudadanía en las encuestas. Prefiero, como aconsejaba un ilustre hombre público, estar en minoría del lado de los que buscan una luz que sumarme al coro, así sea mayoritario, de los que maldicen la oscuridad. Espero, eso sí, que no sea demasiado tarde….

Ernesto Samper Pizano, expresidente de Colombia, fue secretario general de Unasur.