Torturas en Venezuela

La ONU ha tomado por fin la palabra en el caos venezolano. Y lo ha hecho con un informe contundente en el que emerge el rostro más siniestro del Gobierno de Maduro. La brutal represión desencadenada contra las movilizaciones ciudadanas que inundaron las calles del país una vez que el régimen convocó elecciones para fabricar una Asamblea Constituyente ha llenado Venezuela de cadáveres, y sus cárceles de prisioneros. Lo que ha hecho la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos (ACNUDH) es poner un poco de claridad en el brumoso desorden de las protestas. Y, como era previsible, el discurso de la propaganda oficial que acusaba a la oposición de instigar la violencia ha caído por los suelos. De las 124 muertes investigadas hasta el 31 de julio, el informe acusa a las fuerzas de seguridad de ser responsables de 46 de estas, y atribuye la responsabilidad de otras 27 a los grupos paramilitares próximos al chavismo. Pero lo que resulta más inquietante es la denuncia de una sistemática violación de derechos humanos por parte de las fuerzas represoras del régimen, que pasan por allanamientos violentos de viviendas y malos tratos, y que vienen a confirmar la inequívoca voluntad del Gobierno de doblegar a la oposición por los métodos más expeditivos: 5.000 detenciones arbitrarias, crueldad con los prisioneros, torturas.

El informe es una gota más que cae en el torrente de despropósitos en el que se ha embarcado Maduro desde que, por el propio curso de los hechos —una situación económica de emergencia y una deriva política cada vez más autoritaria—, son cada vez más los venezolanos que reniegan —y se oponen frontalmente, incluso arriesgando sus vidas— de aquel socialismo del siglo XXI que tantas expectativas despertó y que, finalmente, tan parcos resultados ha dado.

La situación de caos institucional en el que se ha instalado el país desde que se celebraron las elecciones del 30 de julio, sin ninguna garantía democrática y con denuncia de pucherazo por la propia empresa que ha hecho el recuento de los votos en Venezuela desde 2004, sería surrealista si no fuera dramático. Junto al legítimo Parlamento que surgió de los comicios de 2015 se ha puesto a funcionar la Asamblea Constituyente, que ajusta escrupulosamente sus dictados a los designios del Gobierno. Su primera medida fue destituir a la fiscal general, Luisa Ortega, una fiel intérprete de la Constitución bolivariana que Hugo Chávez dejó como legado al pueblo venezolano, y que se le ha quedado corta a Maduro en su afán de enrocarse en el poder.

Un extraño golpe militar comandado por un capitán en el Estado de Valencia el domingo de madrugada, que quedó en nada, revela cuán inestable sigue siendo la situación, pero ha servido para confirmar que la cúpula del Ejército sigue apoyando al Gobierno de Maduro. Con el control de las fuerzas militares y policiales en sus manos, y ante una sociedad que confirma desmoralizada que su sacrificio y entrega en tantas movilizaciones de poco han servido, el chavismo podría prolongar esta agonía al frente de un régimen que tiene cada vez menos de democrático. La ONU ha sabido tomar nota, y los cancilleres latinoamericanos reunidos ayer en Lima también: la comunidad internacional no puede abandonar a los venezolanos.