Reformas sin progreso

El Estatuto de los Trabajadores ha sido reformado en 52 ocasiones desde que se promulgó en 1980. Reformas laborales de distinta envergadura pero con la misma y recurrente motivación: dotar de mayor flexibilidad al mercado laboral con el fin de mejorar la competitividad de las empresas y potenciar la creación de empleo. Sin embargo, España no ha dejado de registrar tasas de paro y temporalidad muy superiores a la media de la Unión Europea ni déficits en su balanza comercial. Tan lampedusiana paradoja se sustancia en haber perdido al menos cuatro oportunidades históricas para una mayor homologación con las economías europeas más avanzadas.

La Transición coincidió con la crisis desencadenada por el primer shock del petróleo, abordada tarde y mal por las autoridades del momento. Los Pactos de la Moncloa fueron un vigoroso catalizador del proceso constituyente pero no lo fueron tanto para inducir el cambio económico. Un tosco diagnóstico (“los protagonistas de la inflación han sido sin duda los crecimientos de los costes reales del trabajo” sentenció el vicepresidente económico del momento, Fuentes Quintana) condujo a una errónea terapia, ya que concentró la política de rentas en reducir los salarios reales e iniciar el derrotero de subvencionar la contratación temporal descausalizada. Pero la recuperación de los excedentes de las empresas, que se aplicó en primer lugar a reducir el volumen de endeudamiento de las empresas, no se aprovechó para la inversión productiva puesto que bajó el -2,2% en 1978 y el -0,7% en 1979 y el paro escaló hasta 11,4% en 1980.

Entonces, como ahora, la inflación española no era tanto de salarios como de beneficios. Dado que los costes reales del trabajo han seguido una tendencia bajista y los nominales han aumentado menos que el índice general de precios, los aumentos de estos han reportado más a los beneficios que a los salarios. Los desequilibrios de 1978 se reprodujeron. El primer Gobierno González insistió en el mismo tratamiento empezando por un plan de ajuste en 1983 que acarreó una pérdida de 3,5 puntos de poder adquisitivo, continuó con la reforma laboral de 1984 que amplió el catálogo de contratos temporales y abundó en la desindustrialización.

Así preparó aquel Gobierno un gran hito: la entrada en la CEE… haciéndolo en el segmento de menor productividad y pretendiendo competir por precio. Nicholas Kaldor (1908-1986) había demostrado empíricamente que un país europeo ganaba competitividad por la tecnología y la perdía bajando sus costes laborales, pues relajaba la mejora de la productividad agregada de los factores. Nuestros resultados le volvieron a dar la razón: el saldo de mercancías se mantuvo en tasas negativas hasta rozar el -6% del PIB en 1991, el paro batió récords en 1987 con el 20,2% y la temporalidad pasó del 12% en 1984 al 32% en 1991 (“los temporales de hoy serán los fijos de mañana”, respondió Felipe González a quienes criticamos aquella reforma laboral).

Dado que los costes reales del trabajo han seguido una tendencia bajista y los nominales han aumentado menos que el índice general de precios, los aumentos de éstos han reportado más a los beneficios que a los salarios

Se persistió en el error ante la incorporación a la Unión Monetaria ya con Aznar en el Gobierno, quien desperdició el único acuerdo de flexibilidad positiva habido desde la Transición que firmaron la patronal y los sindicatos en abril de 1997, optando por la congelación salarial y el fomento de la especulación inmobiliaria con empleo precario en detrimento de la economía del conocimiento.

La cuarta oportunidad la estamos perdiendo durante esta larga crisis con dos reformas laborales consecutivas, cuando más evidente resultaba que no era la ya muy trastocada regulación laboral la que había impedido crear empleo durante la expansión ni la que había obligado a las empresas a incurrir en elevados costes de despido (salieron a ocho días de jornal los más de dos millones de despedidos iniciales). La primera, innecesaria, y la segunda y más brutal de todas, la ordenada por el PP, está devastando la equidad, la dignidad del trabajo, la democracia industrial y el desarrollo futuro.

El lastre más pesado de nuestra competitividad no es el diferencial de precios sino el de productividad. Si en 1980 nuestra productividad estaba a 16 puntos de la alemana, en 2007 las separaban 20 y similar evolución ha tenido respecto de Francia e Italia.

Las únicas revoluciones que ni se intentaron en España fueron las industriales (las ideológicas merecen capítulo aparte). Ante la digital no caben retrasos que puedan recorrerse más tarde. Quien la pierda en tiempo real quedará fuera definitivamente, y el camino a la perdición es seguir despilfarrando el talento humano con degradantes reformas laborales.

Antonio Gutiérrez Vegara fue secretario general de Comisiones Obreras entre 1987 y 2000.