De misiones y omisiones de socorro y decoro

En muchas conversaciones encendidas sobre lo que está pasando en el Mediterráneo, últimamente siempre acaba apareciendo la aplicación del artículo 195 del Código Penal, que sobre el delito de la omisión de socorro dice que dice algo así como: “Incurre en un delito de omisión del deber de socorro la persona que no ayuda a otra que se encuentra desamparada y en peligro manifiesto y grave, cuando pudiera hacerlo sin ningún riesgo ni para sí mismo ni para terceros". A pesar de que en la práctica es un delito de una aplicación limitada y que tiene unas penas mínimas (multa de tres a 12 meses), hay un clamor social sobre la necesidad de castigar, como en el caso de muchos ciclistas atropellados, con mayor fuerza estos comportamientos por ir en contra de los principios básicos de la convivencia y la humanidad sean en tierra o en la mar.

Algo que desde el sentido común es una verdad de Perogrullo salta por los aires si lo trasladamos al campo de las migraciones, y vemos cómo los Estados observan impertérritos como varios miles de personas naufragan o mueren en nuestras costas (más de 2.000 en lo que llevamos de año según cifras oficiales.

Si abrimos el foco, aún es más obsceno.

A pesar del artículo 3° de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (“Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona") los Estados prefieren centrar su acción en otro tipo de comportamientos que entran en franca oposición con el sentido de esta declaración.

Cuando lees en la prensa que el Estado Italiano plantea abiertamente cerrar los puertos a los barcos de las ONG de rescate, que FRONTEX (¿por qué siempre estará FRONTEX en estos artículos?) y Eunavfor Med trasladan a la opinión pública una relación perversa entre las mafias y las ONG de rescate. Además del cabreo inmediato, haces un poco de memoria y recuerdas que no es nuevo. Hace unas semanas, en abril, el fiscal de Catania (Italia) intentó procesar a algunas de estas ONG; y tirando del hilo de la memoria, se te viene a la cabeza que en mayo también un barco de la Sea Watch fue atacado por los guarda costas libios con el objetivo de llevar a las personas rescatadas a centros de detención en Líbano.

El cabreo no sólo continúa, sino que aumenta cuando se ilumina la bombilla y te das cuenta de que no sólo incumplen estos mínimos, sino que en el mismo lote incumplen sus propios acuerdos de reubicación y reasentamiento, y sumas que miran a otro lado cuando Hungría —por ejemplo— incumple Los criterios de Copenhague en materia de Derechos Humanos llegando a ser considerado este país por parte de Italia como “país no seguro” para el traslado de personas migrantes. Criterios adhesión que se convierten en secundarios cuando hablamos de personas y de derechos pero que cobran especial relieve —como en el caso griego, portugués o español— cuando hablamos de ortodoxia económica.

El enfado aumenta cuando lees que en la reciente cumbre de Sevilla y en la reunión de ministros de interior de Tallín se obvia la demanda del Estado Italiano para compartir esfuerzos (aunque la propuesta del primer Ministro Paolo Gentiloni sea cuando menos discutible) en materia migratoria y se vuelve a insistir en la misma fórmula basada en una externalización de fronteras que, aunque puede ser eficaz en lo local, traslada la responsabilidad de la gestión de la movilidad de un Estado a otro, en un perverso juego en el que quién tiene la pelota se ve aislado de la comunidad internacional.

A pesar de que en los últimos años nos estamos acostumbrando a este tipo de comportamiento por parte de nuestros (i)responsables políticos, en la práctica está generando efectos nocivos en nuestra sociedad. Y no, en este artículo no hablaremos del comodín Trump como encarnación de todos los males mundiales, sino de algo más cercano, como la creación de una organización que busca entorpecer los rescates de las personas migrantes que naufragan en alta mar y que ha captado en las últimas semanas más de 73.000 euros para tal fin. Y que ya ha salido a patrullar por el Mediterráneo haciendo propio el discurso catastrofista y xenófobo de FRONTEX o como el aumento de las esas expresiones públicas racistas, se traducen en no sólo delitos de odio que sufren día a día cientos de personas en nuestra Europa sino también como la gasolina necesaria para el auge de las extremas derechas de carácter populista antiinmigrante en Europa.

Todo ello genera distorsiones en la discusión que a entidades como Migreurop nos preocupan.

No por la pueril identificación entre mafias y migraciones que ha obligado al señor Zoido a pedir disculpas, ya que sabemos que la inexistencia y el nulo interés de los Estados para establecer vías legales y seguras (hablando de refugio o de migraciones) son las que provocan su aparición, crecimiento y enriquecimiento… O si no, puede cualquier Ministro de Interior explicarnos ¿cómo conseguir venir a Europa de forma legal y segura, sin emprender un viaje que podría incluir Antonio Muñoz Molina en su obra Sefarad y sin caer en las garras de la mafia, si vienes de Siria, Afganistán, Guinea Conakri o cualquier país? ¡Ah! ¡Que es imposible! Esto ya se escucha menos en el vociferante mercado político de las migraciones.

Por eso, desde Migreurop queremos dar otro punto de vista a la discusión, poniendo encima de la mesa para su debate un modelo de movilidad humana abierto en el que podamos, como sucede en la actualidad en la UE y en la CEDEAO, asumir con normalidad que el “efecto llamada” no lo provocan políticas migratorias “blandas”, sino la situación social, económica, política y de acceso a derechos en los Estados o naciones de salida.

Un modelo que debería poner encima de la mesa no sólo la prevalencia de los Derechos Humanos y fundamentales de las personas por encima de intereses territoriales o económicos, sino también el obligado cumplimiento de la legislación vigente que se aplicarse en su literal mejoraría la vida de muchos miles de personas, comenzando con la aplicación.

Y para comenzar a creer en la voluntad política —al menos en la más cercana— para solucionar esta realidad queremos lanzar un guante con dos propuestas que valen más que mil disculpas o absurdos códigos de conducta: la primera y más importante es la apertura de vías legales y seguras, y la segunda tan sencilla como cumplir los compromisos de reasentamiento y reubicación y acoger antes de 26 de septiembre —en el caso español— a las 17.337 personas a las que se comprometió.

¿Se atreverán a recogerlo?

Mikel Araguás es miembro de SOS Racismo