Transporte competitivo

El recurso de la Comisión de Mercados y Competencia (CNMC) contra el decreto que regula el sistema de licencias de los Vehículos de Alquiler con Conductor (VTC) es una prueba más de que la economía colaborativa en el transporte carece de una regulación legal creíble y eficaz. El decreto recurrido imponía limitaciones (una licencia de VTC por cada tres de taxi, prestar el servicio con reserva previa, no captar clientes en la calle) que resultan discriminatorias respecto al taxi; por tanto, vulnera un principio elemental de competencia y es muy probable que el Tribunal Supremo acepte la reclamación de la CNMC.

La regulación de los VTC no está bien enfocada. El problema de los nuevos servicios de transporte urbano, que amplían la oferta, reducen los precios y ofrecen tecnologías (aplicaciones) que facilitan la vida a los consumidores, radica en que se amparan bajo el paraguas de plataformas, como Uber y Cabify, sobre las que pesa la sospecha de que no pagan los impuestos en España. Pero ese problema no se resuelve imponiendo restricciones a las licencias, sino aplicando una legislación que garantice una fiscalidad igual a la de los taxis, pagadera en España, y costes de licencias iguales en ambos segmentos del mercado. Y, cómo no, una regulación transparente de las relaciones entre las plataformas y sus agentes que garantice una competencia leal.

Las Administraciones públicas, temerosas tanto de las consecuencias de la liberalización como de ver reducida su recaudación fiscal, han optado por restringir la actividad de las plataformas y con ello la oferta de transporte, en perjuicio de los usuarios. Y no se trata de mirar hacia otro lado. Es hora de que la economía colaborativa se regule en serio. Hay que verificar cuántos impuestos pagan las plataformas y dónde los pagan; continuar con normas que impidan el mercado negro de cualquier tipo de licencias y concluir con una legislación que no mutile la competencia.