Uber, los taxistas y la movilidad compartida

Los taxistas de Madrid, Barcelona y otras grandes ciudades volvieron ayer a la huelga contra lo que consideran una competencia desleal por parte de plataformas como Uber o Cabify, que ofrecen vehículos con conductor a potenciales clientes. El conflicto revela la dificultad de regular el tránsito de un mundo basado en la hiperregulación, como el del taxi, a otro que se mueve mucho mejor y obtiene sus mejores réditos en la ausencia de regulación. Entre uno y otro debe haber un punto medio que asegure unas reglas justas para todos. Pero no va a resultar fácil encontrarlo en un mercado en el que parece que lo que gana uno lo ha de perder el otro.

Este conflicto se presta a todo tipo de abordajes, menos el de la simplicidad. Además del interés de los operadores y la protección de los usuarios, se han de tener en cuenta otros elementos importantes como la necesidad de una fiscalidad justa o una movilidad más ecológica. Y además, no todo es como parece. Se entiende que los taxistas estén preocupados por esta nueva competencia, sobre todo aquellos que han pagado 150.000 euros por el traspaso de una licencia que aún han de amortizar. Pero eso es así porque el tipo de regulación de la actividad ha propiciado un mercado negro de licencias que dificulta el acceso y encarece el servicio.

En el otro lado, no hay duda de que las plataformas son una innovación que aporta flexibilidad y baja el precio del servicio. Pero el beneficio social dependerá de que existan normas claras que impidan abusos y aseguren el pago de los impuestos allí donde se presta el servicio. Si las plataformas solo sirven para sustituir el sistema excesivamente rígido del taxi por otro tan liberal que obtiene su ventaja competitiva de la precarización de los conductores, será innovadora, pero también injusta. Por otra parte, la ley fija unos límites a las licencias de vehículos sin conductor (VTC), que son la base de este negocio. En teoría han de ser una licencia VTC por cada 30 taxis, pero en Madrid son ya una por cada siete y está surgiendo un mercado negro en el que se venden por 40.000 euros. En algunos casos, quienes optan a ellas no son particulares sino inversores.

Lo cual nos lleva a la siguiente cuestión: ¿puede hablarse realmente de economía colaborativa o se trata simplemente de una nueva forma de intermediación que ofrece servicios de transporte a través de las nuevas tecnologías? El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea se inclina por lo segundo. Habrá que esperar la sentencia del tribunal pero, mientras tanto, es evidente que las mismas tecnologías que ahora sirven para crear este tipo de negocios alternativos pueden servir también para organizar una movilidad realmente compartida, en la que un conductor y alguien que quiere desplazarse se ponen de acuerdo para compartir vehículo y costes. Todas las grandes ciudades se plantean, por imperativo ecológico, reducir el número de vehículos que circulan por sus calles. La movilidad compartida es una gran oportunidad de cambio. No debemos desaprovecharla.