Reforma fiscal, no rebajas

El balance de las finanzas públicas españolas ha demostrado que la recaudación fiscal es insuficiente para atender a las necesidades y compromisos del Estado. Los ingresos tributarios y sociales no llegan para atender las exigencias de reducción del déficit (incluso aplicando restricciones al gasto público), las que se derivan de un gasto social creciente —incluida la hipótesis, mucho más verosímil, de que los Presupuestos tengan que hacerse cargo de una parte del gasto en pensiones— y las exigencias de inversión pública en sectores y mercados en los cuales la economía se juega su prosperidad futura. La recuperación será real cuando haya tasas razonables de inversión pública en I+D (sobre todo) e infraestructuras; y cuando un superávit primario permita reducir la deuda pública.

Esa es la razón principal para reclamar una reforma tributaria integral que se proponga aumentar la recaudación y reequilibrar la aportación de cada uno de los impuestos. Es evidente que las rentas más altas tienen que pagar más por IRPF, siempre en los límites que permita mantener o subir la tasa de ahorro; que en el Sociedades debe limpiarse la carga de exenciones y desgravaciones, muchas de ellas inútiles hoy para los fines que se propusieron en su día; que debe subir la recaudación por IVA mediante un ajuste de tramos; que hay que elevar los impuestos especiales (alcohol y carburantes); y que la persecución de fraude tiene que adoptar estrategias más eficaces que las actuales.

Y esa es la razón por la cual el acuerdo entre PP y Ciudadanos para reducir la carga recaudatoria del IRPF en unos 2.000 millones en 2018, permitiendo que queden exentas de pago las rentas inferiores a 14.000 euros anuales, suscita dudas. Claro que las rentas más bajas deben pagar menos, pero la contrapartida es que la recaudación total al menos se mantenga sin recurrir a entelequias con los ingresos de la Seguridad Social. Es un error, además, reducir impuestos en una fase de crecimiento (comportamiento procíclico); y otro mayor bajar impuestos por impulsos electorales. La estabilidad también es una condición fiscal. Cuando las finanzas públicas necesitan de una reforma coordinada y mientras la reducción del déficit sigue siendo una prioridad oficial, reducir tramos del IRPF no parece una decisión suficientemente meditada.