El foco en la transparencia de la financiación público-privada

Los llamados instrumentos de financiación combinada público-privada son en gran medida "no transparentes, favorecen por lo general a empresas del país donante, carecen de supervisión y a menudo no garantizan condiciones laborales decentes". Así lo revela el estudio La eficacia de apoyar al sector privado con fondos de la Ayuda Oficial al Desarrollo de la Confederación Internacional de Sindicatos. El trabajo, realizado para analizar la ayuda internacional que se gestiona para cumplir los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), fue presentado durante la celebración en Bruselas de las Jornadas Europeas del Desarrollo, que han versado sobre la inversión en desarrollo.

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Al menos media docena de actos de este congreso de dos días, celebrado en junio y considerado el Davos del desarrollo, tiene como tema los denominados instrumentos de financiación combinada. Una fórmula que considera a los países donantes, y a organismos como la Unión Europea, garantes del sector privado para promover inversiones en el mundo en desarrollo, principalmente en África, el Caribe y el Pacífico. Pero este análisis de 62 páginas publicado por la Red Sindical de Cooperación para el Desarrollo (ITUC-TUDCN, por sus siglas en inglés) encuentra toda una serie de problemas en dichos instrumentos financieros, que han sido ampliamente adoptados por la comunidad del desarrollo como forma de aumentar de manera fácil y barata las inversiones iniciales.

"El sector público no puede cubrir por sí solo la masiva necesidad de inversión en proyectos de interés público en los países en desarrollo. Por eso es fundamental la participación del sector privado para alcanzar los ODS", declaraba el comisario europeo para la Cooperación Internacional y el Desarrollo Neven Mimica a EURACTIV.com en una entrevista. El informe advierte directamente: “Las Instituciones Financieras para el Desarrollo (DFI, por sus siglas en inglés) incluidas en la muestra estaban poco preparadas para gestionar los flujos de ayuda de conformidad con las mejores prácticas actuales”.

El informe analiza proyectos de Bélgica, Reino Unido, España, Alemania, Holanda, Noruega, Estados Unidos, Francia y Suecia, y concluye que en todos los casos los instrumentos de financiación combinada tienden a evitar la participación de los Gobiernos y los aliados sociales de los países perceptores. También concluye que en seis de las nueve muestras se observa un “mal cumplimiento” en el seguimiento de los resultados de la ayuda, y que lo mismo ocurre en lo referente a la “transparencia”.

"Es fundamental la participación del sector privado para alcanzar los ODS", declara el comisario de Desarrollo de la Comisión Europea

Los autores, Javier Pereira y Paola Simonetti, afirman que las DFI no tienen sistemas "adecuados" para garantizar que los Gobiernos y los afectados de los países en desarrollo conserven la propiedad de los proyectos. “Nuestra evaluación muestra un sesgo general hacia los intereses económicos y los negocios de los donantes, lo cual se debe al mandato explícito de apoyar a las empresas nacionales, a un marco político rector sesgado por la tendencia a operar en países menos arriesgados, y en algunos casos, la copropiedad de la DFI por parte de actores del sector privado”, destacan los autores, que matizan que estas instituciones no están obligadas a consultar con los Gobiernos o los actores de los países en desarrollo para ajustar los proyectos a las estrategias y las prioridades nacionales.

Quejas previas de Oxfam

Esa crítica confirma las quejas planteadas el año pasado por la ONG Oxfam, que encontraba en los mecanismos de financiación combinada sesgos similares hacia los países donantes. En un amplio informe que analiza el futuro de los ODS, Oxfam abordó el uso creciente de la combinación de inversión del sector privado y ayuda exterior. Si bien no se opone a ella por principio, la ONG adviertía de que esta se guía por los incentivos del mercado y, en consecuencia, no debe esperarse que sustituya a la ayuda.

Cerca de 98.000 millones de dólares de ayuda exterior en todo el mundo se destinaron en 2013 a respaldar la inversión del sector privado en países en desarrollo, según la OCDE. “Queda por ver qué papel desempeñarán las instituciones públicas, en especial a escala local, en la supervisión de la solución y la responsabilidad por la misma”, dicen fuentes de Oxfam, que considera que la eficacia de esta financiación no está demostrada y su impacto es de difícil medición.

“Un riesgo muy importante es que una proporción mayor de la Ayuda Exterior al Desarrollo (ODA) se desvía a apoyar empresas en los países donantes, con dudosos resultados para el desarrollo, a expensas de una ayuda que los aliados en los países en desarrollo emplearían mejor”, detallan desde Oxfam en unas críticas que ponen en entredicho el impulso central de la política de ayuda exterior de la Unión Europea, el mayor donante del mundo.

Plan de inversión externa

En el discurso sobre el Estado de la Unión pronunciado el año pasado por el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, anunciaba una iniciativa de financiación combinada denominada Plan de Inversión Externa (EIP, por sus siglas en inglés) de la UE, centrado en África. Con él se pretende ayudar al sector privado en aquel continente y en los países vecinos de Europa. La institución espera que los 3.500 millones de euros aportados inicialmente por Bruselas sirvan para movilizar unos 44.000 millones de inversión del sector privado. La lógica del plan es, en parte, revertir el descenso de la inversión extranjera directa de algunos miembros de la UE en países en desarrollo desde la crisis financiera de 2008.

Otra de las justificaciones para ayudar a promover la inversión del sector privado era que el coste de establecer una empresa en los países africanos más frágiles es tres veces mayor que en los que no lo son. La Comisión Europea espera que si los 28 países de la Unión y el sector privado igualan esos 3.350 millones de dólares (un total de 6.700 millones), los fondos totales disponibles alcanzarán los 88.000 millones de euros.

El telón de fondo para el llamamiento al sector privado a invertir en África, y en los países de África, el Caribe y el Pacífico en general, son los 17 ODS promovidos por Naciones Unidas, adoptados en 2015 para sustituir a los más conocidos Objetivos de Desarrollo del Milenio, y que deberían cumplirse de aquí a 2030. Cuando presentó los ODS, el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, pidió específicamente al sector privado que asumiese su responsabilidad y afirmó: “Ahora es el momento de movilizar como nunca a la comunidad empresarial mundial”.

“El caso está claro. Si se cumplen los ODS mejorará el entorno empresarial para hacer negocios y construir mercados. Billones de dólares en fondos públicos y privados deben redirigirse a los ODS y de esa manera crear enormes oportunidades para que las empresas responsables aporten soluciones”, añadió.

"La financiación combinada parece ser la nueva palabra de moda en las Jornadas Europeas del Desarrollo de este año", declara Xavier Michon, ejecutivo adjunto del Fondo de Desarrollo del Capital de Naciones Unidas (UNCDF), que habló con EURACTIV.com en el evento del año pasado, y admitió que se corría el riesgo de que el dinero público subvencionase a las empresas privadas. “Cuando el UNCDF selecciona un programa, este debe estar dentro de los planes de desarrollo locales. Debe tener una vocación. No se trata de proyectos comerciales con un alto beneficio inmediato, son proyectos de cinco a 10 años, con rentabilidades más bajas, y debe tener un elemento transformador”.