Justicia y credibilidad social

La justicia es un pilar esencial para la democracia y la sociedad, y el adecuado funcionamiento de la misma es una de las responsabilidades máximas de nuestros representantes políticos y de los mandatarios de las instituciones que la dirigen. La justicia es, por otra parte, un mecanismo básico para prevenir y combatir la corrupción.

España se encuentra actualmente sumida en una situación preocupante de numerosos casos y escándalos de corrupción, que crean una importante alarma e indignación social, y que es necesario afrontar de una forma urgente y decidida por los responsables políticos y parlamentarios de este país. Para hacer frente a este inadmisible nivel de corrupción es tan urgente como necesaria la adopción de un "pacto integral contra la corrupción" por parte de las formaciones políticas que haga frente de forma firme, rápida e inequívoca a este importante y muy preocupante problema social.

La reciente y mayoritaria reprobación por el Parlamento español del ministro de Justicia, el fiscal general del Estado, y el fiscal Anticorrupción, pone de manifiesto una amplia sensación social de falta de independencia de la Fiscalía respecto al Gobierno y al poder ejecutivo, y en definitiva una quiebra de la credibilidad social que atraviesa en estos momentos la cúpula política de la justicia y los máximos responsables del Ministerio Fiscal. Ello erosiona injustamente, además, la imagen de los miles de jueces y de fiscales que en el día a día desempeñan adecuadamente sus funciones.

En este contexto, Transparencia Internacional propone una serie de medidas que posibilitan afrontar este importante problema, a un nivel general e integral, y otras especialmente vinculadas a la Fiscalía. Entendemos que es urgente aumentar la transparencia en el Ministerio Fiscal, así como su nivel de independencia respecto al poder ejecutivo, y especialmente respecto al Ministerio de Justicia. Sin este urgente y necesario aumento de la transparencia y la independencia en la Fiscalía, los ciudadanos no verán garantizada la necesaria y decidida lucha contra la corrupción por parte de esta institución fundamental del Estado para combatirla. Algunas de estas medidas son las siguientes:

-Promover la despolitización de los órganos constitucionales y disminuir de forma significativa el muy amplio poder y representación del Gobierno y los partidos políticos en éstos y en otras instituciones del Estado y la Administración Pública.

-Prohibición legal de la posibilidad de conceder indultos por corrupción. Es importante que los eventuales corruptos sepan que no van a tener ninguna posibilidad futura de una condonación legal de sus delitos a través de la figura del indulto.

España se encuentra actualmente sumida en una situación preocupante de numerosos casos y escándalos de corrupción

-Reducción del número de aforados (ningún país en Europa tiene tantos aforados como España), así como las características del aforamiento, limitándolo exclusivamente a las actividades y actuaciones relacionadas con el correspondiente cargo público. 

-Transparencia de las formaciones políticas. Es necesario un aumento de la transparencia (tanto externa como interna) de los partidos y de las entidades perimétricas de los mismos (fundaciones, etcétera), siguiendo las pautas y recomendaciones del GRECO (Grupo de países del Consejo de Europa contra la Corrupción).

En cuanto al necesario aumento de la independencia y la transparencia de la Fiscalía General, TI-España propone:

-Necesidad urgente de un Código Ético de la Fiscalía. Es urgente la aprobación y publicación de un "código etico" de la Fiscalía General, que garantice ante la sociedad que las actuaciones de los miembros y el personal de los distintos órganos de la Fiscalía respondan a unos principios de ética, integridad y transparencia.

-Acabar con la dependencia financiera de la Fiscalía respecto al poder ejecutivo, y clarificar la relación entre el Fiscal general y el Gobierno, insuficiencias que dificultan su necesaria independencia y transparencia. El Ministerio Fiscal precisa disponer de un presupuesto propio para poder ejercer de forma independiente sus funciones. Si, como ocurre ahora, depende financiera y presupuestariamente del poder ejecutivo (Ministerio de Justicia) ello supone una evidente limitación en su independencia. El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (2007) establece la necesaria individualización o autonomía presupuestaria esta institución, disposición legal que 10 años después no se ha llegado a cumplir. Por otra parte, el GRECO (Informe 2013) recomienda vehementemente a España que se regule con transparencia en la ley la relación entre el Fiscal General y el Gobierno.

Es necesario que el nombramiento, cese y las entrevistas para ocupar la Fiscalía Anticorrupción sean reuniones públicas y sean grabadas

-Escasez de recursos humanos y lentitud en la justicia. Resulta urgente afrontar por parte de la clase política y los grupos parlamentarios la inadmisible escasez de recursos humanos y materiales de la justicia en España: Hay en este país aproximadamente la mitad de jueces (11) que la media de la Unión Europea (21) por cada cien mil habitantes. Algo similar ocurre con los fiscales, ya que en Europa hay 12 fiscales por cada cien mil habitantes frente a los 5 fiscales que hay en España. Ello contribuye a una excesiva e inadmisible lentitud de la justicia en este país. La justicia lenta no es justicia, y si se trata de la justicia penal ello conlleva que el último resorte de intervención y de garantía del Estado no funciona.

-Transparencia en los nombramientos. Es necesario que el nombramiento, cese y las entrevistas para ocupar la Fiscalía Anticorrupción sean reuniones públicas y sean grabadas, tal como se hace en numerosos países, y en España para los nombramientos del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Superior de Justicia y de la Audiencia Nacional. Es igualmente necesario hacer públicos los nombramientos por el Fiscal General de cargos como los fiscales decanos, o los Delegados Anticorrupción, entre otros. 

-Transparencia en los planes de actuación de los fiscales. Es necesaria la publicación de los planes de actuación de los distintos fiscales jefe y de los fiscales de sala, y especialmente el Plan de actuación del fiscal Anticorrupción, para que los ciudadanos puedan conocer con cierto detalle las actividades que desarrollan y las que tienen previstas.

-Reforma procesal. Es necesaria una progresiva reforma procesal, acorde con el sistema judicial existente en la generalidad de los países desarrollados, de manera que el fiscal sea el instructor, en lugar del propio juez que actualmente instruye y dicta sentencia, lo cual podría evitar además algunos atascos en la Administración de justicia. Debería haber un fiscal instructor, un juez de garantías y la defensa, como los tres ejes fundamentales de los procesos judiciales. La implementación de esta reforma, sin embargo, no resulta recomendable si previamente no se garantiza la independencia del Ministerio Fiscal respecto del Gobierno, y se satisfacen suficientemente las mencionadas necesidades personales y materiales de la institución, condiciones ambas necesarias para que la Fiscalía pueda hacerse cargo de la instrucción penal preservando las garantías de imparcialidad y eficiencia de esta institución.

Las anteriores medidas podrían contribuir, en definitiva, a aumentar en este país la independencia y la credibilidad social de la Fiscalía y de la Justicia, necesidades básicas de una sociedad realmente democrática como todos aspiramos a que sea la nuestra.

Jesús Lizcano es catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid y presidente de Transparencia Internacional España.