Fiscalía en entredicho

El Consejo Fiscal se reúne bajo la sombra de una sospecha de connivencia con los dirigentes del PP, en un choque frontal con el que debe ser el objetivo fundamental de los fiscales, que es la persecución de los delitos.

Los escándalos y conflictos en la Fiscalía no solo no han cesado desde el nombramiento del nuevo fiscal general, José Manuel Maza, y del nuevo jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Manuel Moix, sino que siguen añadiendo capítulos negros a una institución que debe ofrecer máxima credibilidad y operatividad en lugar de dudas y sombras. Si el primero fue el intento de frenar el traslado a la justicia de Murcia del asunto relativo a la Operación Púnica que afecta al expresidente Pedro Antonio Sánchez en contra del criterio de las propias fiscales, la sospecha ha escalado después varios grados con el escándalo que ha rodeado la investigación sobre el expresidente Ignacio González. Las escuchas en las que éste celebraba el nombramiento de Moix y, sobre todo, su intento de frenar algunas diligencias de sus fiscales han socavado severamente su credibilidad y la de la institución.

Lejos de aplacar las dudas, Moix suma y sigue y ha apartado a los fiscales que investigan el caso 3% de corrupción en Cataluña, dando además curso a la denuncia de uno de los imputados contra los fiscales por supuesta coacción. Ellos han pedido amparo al Consejo Fiscal, arropados por el apoyo de los fiscales anticorrupción, que han firmado a su favor en abierto conflicto con Moix. El peso de la mayoría conservadora en el Consejo Fiscal en unas instituciones tan politizadas no permite augurar un movimiento claro que despeje las dudas. Hoy, el fiscal general y el Consejo Fiscal pueden amparar el trabajo de sus fiscales en contra de la corrupción o, por el contrario, dar cobertura a unas prácticas cuestionables que alimentan las dudas sobre el uso de las instituciones como cortafuegos frente a la justicia. La credibilidad de la Fiscalía, y por tanto del Estado, está en juego.