Dopajes

El componente más contagioso de la actual epidemia de corrupción es lo que ha sido bautizado metafóricamente como dopaje electoral. La corrupción de derechas detrae recursos públicos para desviarlo hacia paraísos fiscales mientras la de izquierdas los deriva hacia sus redes clientelares. Pero tanto una como otra se blanquean moralmente apelando a la sagrada causa del patriotismo de partido. Pues basta con que desvíes parte de tu botín para suplementar con fondos ilegales las arcas del partido para que tus conmilitones te encubran y te amparen. Así se hinchan las campañas electorales violando el fair play que exige igualdad de oportunidades, pero tan injusto ventajismo queda justificado si se traduce en victoria de los propios colores. Y dada la identidad formal entre la competición política y deportiva, nada mejor que llamarlo ‘dopaje’, entendido como el recurso a fondos opacos que favorecen un mejor rendimiento electoral.

Por desgracia, esta metáfora del dopaje político no se lleva hasta sus últimas consecuencias. A los atletas y deportistas que compiten dopados se les retiran sus títulos y medallas, si se demuestra fehacientemente que recurrieron a sustancias prohibidas. Y esto no se hace con los candidatos electorales victoriosos que han competido con financiación prohibida. Buen ejemplo es Esperanza Aguirre, que alega inocencia sosteniendo que ella nunca se llevó ni un euro a Suiza. Pero tampoco devolvió los cargos que ocupaba, tras constatarse que había competido dopada con mayores recursos financieros que sus rivales.

A los cargos públicos que “se hacen la infanta”, sosteniendo que “no sabían nada” de la corrupción que les beneficiaba electoralmente, también se les debería desposeer de sus cargos como partícipes a título lucrativo

Por eso parece llegada la hora de llevar esta metáfora del dopaje electoral hasta sus últimas consecuencias, pasando a destituir de sus cargos a aquellos políticos que los hayan obtenido mediante campañas ilegalmente financiadas. Para ello bastaría con aplicarles a ellos personalmente, y no solo a sus partidos como personas jurídicas, el tipo de ilicitud que se define en el artículo 122 del Código Penal como “partícipe a título lucrativo”. Así se hizo con la infanta Cristina que se beneficiaba de los delitos fiscales cometidos por su cónyuge en el caso Noos. Y de modo análogo, a todos aquellos cargos públicos que “se hacen la infanta”, sosteniendo que “no sabían nada” de la corrupción política que les beneficiaba electoralmente, también se les debería desposeer de sus cargos como partícipes a título lucrativo, si se demostrase que habían competido financieramente dopados.

Al fin y al cabo, el caso Noos ha creado otro precedente jurisprudencial que a la mayoría nos parece ciertamente perverso, como es utilizar el magisterio público no para acusar a los presuntos corruptos sino para defenderlos, según la conocida posición favorable a la infanta del fiscal Horrach. Y tras el precedente así creado, hoy la fiscalía anticorrupción copa los titulares por su dudosa actitud presuntamente favorable a los encausados en el caso Lezo. Por eso convendría neutralizar ese uso torticero del precedente del caso Noos con otro opuesto capaz de compensarlo, empezando a exigir que devuelvan sus cargos a quienes los hayan obtenido mediante flagrante dopaje electoral.