1977, el año fundacional

Este año se cumplen 40 desde que los españoles pudieron volver a votar libremente en unas elecciones, las que pusieron la base de la Constitución y del desarrollo político de las últimas cuatro décadas. El modelo de transición del franquismo a la democracia, que durante sus primeros tiempos se puso con frecuencia como ejemplo, acusa el paso del tiempo en una España que se parece muy poco a la de 1977. Ahí están los reverdecidos reproches de los que la acusan de impedir un cambio radical y también el desinterés de las jóvenes generaciones a las que la Transición no les dice prácticamente nada. Comprensible porque, evidentemente, no la vivieron y tampoco se la han explicado en las escuelas, más allá de unas someras líneas para salir del paso en la asignatura de Historia.

Asombra comprobar la dejadez en la memoria de un acto fundacional tan importante como crear un sistema político a partir de la decisión de los ciudadanos en una convocatoria electoral. La Transición no fue el candado a las aspiraciones del pueblo, como sostienen ahora muchos políticos, sino una solución a un estado de cosas muy difícil en una España dividida que quería salir de la dictadura tras las profundas heridas dejadas por la Guerra Civil y el franquismo. Pero eligió hacerlo sin riesgo de rupturas revolucionarias.

La Transición fue el producto de un pacto. Pero, amenazados desde el principio por los ultras y la presión de sectores militares, los reformistas procedentes de la izquierda tuvieron que hacer muchas más concesiones que la derecha, que estaba en el poder. En todo caso, el proceso de la Transición fue el artefacto político que resolvió el paso a la democracia en una España, además, empobrecida, que acusaba con dureza los efectos de la crisis del petróleo de 1973, con una tasa de inflación que superaba el 20%.

No podemos volver a una casilla de salida sin haber aprendido de la experiencia de 40 años. Lo cierto es que nada habría sido posible sin la efeméride que se conmemora el 15 de junio, aniversario de las elecciones para formar las Cortes Constituyentes.

Desde 1976, la decidida voluntad del Rey para democratizar el país, controlando a los ultras y a un Ejército que sabía en gran parte nostálgico del franquismo y contrario a permitir la legalización de partidos de izquierda, encontró en Suárez el colaborador perfecto para el plan democratizador. Todo ello en medio de una violencia ultraderechista que a principios de 1977 hizo del Partido Comunista y otros más a la izquierda su blanco favorito, hasta el asesinato de cinco personas en un despacho de abogados laboralistas en la calle Atocha de Madrid. Mientras tanto, la ultraizquierda secuestró al exministro y presidente del Consejo de Estado Antonio María de Oriol, y al teniente general Emilio Villaescusa. La alarma del Gobierno y de gran parte de la sociedad provocó momentos de duda sobre las operaciones involucionistas que llenaban el clima político de la época.

La legalización del PCE se convirtió en clave de la continuidad o fracaso del proceso

La legalización del PCE se convirtió en clave de la continuidad o fracaso del proceso. Los comunistas habían sostenido la lucha contra la dictadura y su secretario general, Santiago Carrillo, llevaba años en una doble operación: tomar distancias con cuidado de los partidos dominados por la dictadura de la Unión Soviética, participando activamente en la configuración de una teoría eurocomunista, y dirigir, desde la clandestinidad, un mensaje de reconciliación nacional a los españoles.

La decisión del Gobierno de Suárez de declarar legal al Partido Comunista, anunciada el 9 de abril, motivó la repulsa del Ejército y la dimisión del almirante Pita da Veiga como ministro de Marina y provocó momentos de alta tensión. Carrillo recibió sugerencias para hacer algún gesto apaciguador y sorprendió a sus camaradas con la medida de colocar la bandera de España en los actos del partido, al lado de la comunista, aceptada con toda disciplina por parte de la organización. Unos días antes, el Gobierno había disuelto el Movimiento Nacional y retirado el yugo y las flechas, con una altura de tres pisos, enclavados en la que había sido sede del partido único durante el franquismo.

Ir a las primeras elecciones libres desde 1936 no significaba un voto naíf. Todos los sectores políticos se organizaron. Adolfo Suárez montó una amalgama de partidos en la que cupieron desde gentes procedentes del Movimiento Nacional hasta liberales y algún socialdemócrata. Fue la improvisación de la Unión de Centro Democrático (UCD) la que derrotó contundentemente en las urnas a la Alianza Popular de “los siete magníficos”, la opción montada por exministros franquistas. Como lo fue el impulso de votos que llevó al PSOE, dirigido por Felipe González, a convertirse en la segunda fuerza, aplastando a un PCE que había dado por hecho que el pueblo recompensaría en las urnas su política apaciguadora.

A las elecciones de junio de 1977 se llegó tras un largo camino de negociaciones que desembocaron en un pacto. La derecha más dura no entendía que gentes forjadas en el franquismo, para hacer posible su continuidad bajo otro nombre, se embarcaran en un proyecto de cambio sin rupturas. Y la izquierda nucleada en torno al PSOE y al PCE tuvo todo el interés en pactar con Suárez para aplacar los temores de una parte de la sociedad a una ruptura radical que pudiera dar lugar a una nueva confrontación.

Aquella España, donde existía un gran temor a los poderes fácticos, es distinta a la de 2017

La presencia de dos destacados diputados comunistas, Dolores Ibárruri y Rafael Alberti, en la mesa que constituyó las Cortes emanadas de esas elecciones fue todo un símbolo del cambio político.

El simple ejercicio de echar la vista atrás muestra que la España de 1977 tenía muy pocas cosas en común con la de 2017. El entonces omnipresente temor a los poderes fácticos, a la involución que podía llevar a una nueva dictadura, han quedado en el olvido y suena para los jóvenes más a guion de serie de televisión que a parte de la reciente historia de España. Pero es en ese contexto en el que deben analizarse y juzgarse los éxitos o fracasos del proceso que permitió recuperar la democracia tras 40 años de dictadura franquista que siguió a una cruenta Guerra Civil. UCD, bajo la dirección de Adolfo Suárez, y el PSOE, liderado por Felipe González, consiguieron votos suficientes como para configurar las dos fuerzas políticas predominantes de las Cortes Constituyentes. Año y medio más tarde quedó elaborada la Constitución que creó las nuevas instituciones democráticas.

Las elecciones de 1977 diseñaron el sistema político bipartidista que se mantuvo, en líneas generales, hasta que en 2014 entró en crisis. La movilización ciudadana ha roto ese equilibrio y las elecciones celebradas desde entonces han dado entrada a dos nuevas fuerzas que también disputan el poder. Dos formaciones que se presentan como indispensables para cualquier negociación o pacto sobre el futuro del sistema político de España.