Entre la sostenibilidad urbana y el derecho a la ciudad

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La Operación Chamartín refleja muchos problemas que han caracterizado al urbanismo español de las últimas décadas: conflictos de intereses, especulación, ausencia de preocupación por un desarrollo sostenible y prevalencia de los intereses privados respecto a las necesidades de los ciudadanos. Este artículo trata de aportar luz sobre la Operación Chamartín desde la perspectiva de la sostenibilidad urbana, estableciendo una comparación entre las tres últimas propuestas para desarrollar este ámbito: el Plan Parcial de Reforma Interior (PPRI) "Prolongación de la Castellana" (2011), "Distrito Castellana Norte" (2015) y "Madrid, Puerta Norte" (2016).

Operación Chamartín es una denominación informal que se ha asignado a un proceso muy complejo de idas y venidas, avances y bloqueos, en la evolución de una serie de propuestas para desarrollar un ámbito de ordenación definido en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Madrid de 1997: el Área de Planeamiento Remitido 08.03 "Prolongación de la Castellana".

Se trata de una superficie de 310 hectáreas situada en el norte de la ciudad de Madrid, que incluye los suelos correspondientes a las vías de tren entre la Estación de Chamartín y el nudo de Fuencarral con la M-40 y el suelo urbano no consolidado colindante. Se dispone a lo largo de 5 kilómetros de norte a sur y con una anchura este-oeste variable entre 100 y 300 metros aproximadamente.

Los objetivos que se plantearon entonces fueron: crear una nueva “centralidad periférica” con una prolongación del Paseo de la Castellana en alrededor de 3 km como eje estructurante del conjunto, eliminar el efecto barrera que producen las vías de tren para así mejorar la conectividad este-oeste, remodelar la Estación de Chamartín y soterrar las vías entorno a ésta para generar espacios públicos y de uso lucrativo; toda esta ordenación pormenorizada y el diseño urbano debía de concretarse a través de la figura de un PPRI, que se elaboraría a través de un convenio urbanístico entre las administraciones titulares del suelo —Ayuntamiento de Madrid, Comunidad de Madrid y Ministerio de Fomento/ADIF-RENFE, que cedía el suelo correspondiente a las vías de tren a Argentaria (actualmente en BBVA).

El Planeamiento de Desarrollo incluye una ordenación de los usos del suelo y un diseño urbano con mayor detalle que la planificación general municipal, por lo tanto, es una oportunidad muy evidente de poner en práctica los principios de un urbanismo sostenible, a través del establecimiento de una densidad urbana adecuada teniendo en cuenta el ámbito territorial del que se trate, apostar por el transporte colectivo sobre el automóvil privado, diversidad de usos (residencial, oficinas, comercio, equipamientos sociales, etc.), espacios públicos y verdes de calidad, solución de problemas infraestructurales existentes en el ámbito y, también, aportando cohesión social (por ejemplo, dotación de vivienda protegida).

Tomando como referencia la publicación oficial de Certificación del Urbanismo Ecológico (Ministerio de Fomento, 2012) —elaborada por la Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona y dirigida por Salvador Rueda—, se pueden someter a un análisis comparativo los tres últimos proyectos presentados para desarrollar el ámbito de ordenación de la Operación Chamartín: el PPRI de 2011, "Distrito Castellana Norte" y "Madrid, Puerta Norte".

Sin embargo, el primer problema que surge es la falta de información sobre estos aspectos en cada proyecto, con lo que no se puede aplicar la totalidad de estos indicadores —por ejemplo, ninguno de los pertenecientes al ámbito del "metabolismo urbano", concepto esencial para cualquier política urbana de sostenibilidad, ya que incluye aspectos como la eficiencia en el uso de los recursos y sus flujos.

Esto supone un problema no solamente para un estudiante de la carrera de Geografía tratando de realizar su trabajo fin de grado, sino principalmente para los vecinos de Madrid, que no han dispuesto ni de la información sobre estos planes ni del poder para decidir sobre los mismos, vulnerando así su derecho a la ciudad (Henri Lefebvre). En este contexto de ausencia de participación pública cabe recordar las palabras del Catedrático José Fariña Tojo: "La participación real solo se producirá cuando exista información fiable, imparcial y accesible. Y cuando los ciudadanos y ciudadanas puedan sentirse tan 'sabios' como los expertos".

En el ámbito de la densidad y compacidad urbanas, parece que "Distrito Castellana Norte" es el que mejor se adecua a los criterios de urbanismo sostenible y "Madrid, Puerta Norte" en el ámbito de la complejidad urbana o diversidad de usos, destacando muy por encima de las otras dos propuestas. Sin embargo, teniendo en cuenta que se trata de un área de más de 300 hectáreas, en un ámbito periférico de la ciudad, tal vez lo más recomendable fuera precisamente la reducción del número de viviendas que se plantea en este último, considerando además la situación del mercado de la vivienda en España.

Esto refleja, junto con el indicador de dotación de vivienda protegida, la disparidad existente entre "Distrito Castellana Norte" y "Madrid, Puerta Norte" en cuanto a su carácter: el primero, de búsqueda del máximo beneficio posible del promotor y el segundo, de gestión pública, con el doble de proporción de vivienda social.

En cuanto a los espacios verdes, destaca "Madrid, Puerta Norte" disponiendo del doble de cubierta verde por habitante que las otras dos alternativas, aunque en principio propone reducir a prácticamente la mitad esta superficie —también reduce a una cuarta parte la previsión de habitantes del conjunto. Sin embargo, estos indicadores no expresan nada respecto a la gestión de la biodiversidad urbana, un tema esencial para el urbanismo sostenible y sin ninguna mención en la información disponible sobre los planes.

En último lugar, los tres proyectos analizados ‘suspenden’ en el ámbito de la transparencia y participación ciudadana, al no aportar toda la información requerida para obtener la certificación de urbanismo sostenible ni disponer de un canal de participación que permitiera a la ciudadanía seguir el proceso de gestación de estos planes.

Una vez realizado este análisis comparativo, si bien somero tal como se ha podido presentar en este espacio, se puede llegar a una serie de conclusiones:

• El carácter optativo de la aplicación de estos criterios deja a voluntad del planificador el establecimiento de los principios de un desarrollo urbano sostenible, que puede entrar en conflicto con los intereses del promotor, cuyo objetivo es el de obtener los máximos beneficios monetarios posibles de esa operación urbanística. Esto implica que en ocasiones la rentabilidad económica de un proyecto pesa sobre las necesidades de los ciudadanos y el cuidado de la ciudad. Por lo tanto, se debería plantear el establecimiento de esta certificación de urbanismo sostenible con carácter obligatorio en toda planificación propuesta, estudiando cada contexto y reorientando el sistema de indicadores para que estos sean verdaderamente útiles para proponer un urbanismo sostenible e inteligente.
• La falta de información y de cauces de participación pública en estos procesos vulnera el derecho de los ciudadanos a decidir sobre el futuro de su ciudad, su derecho a la ciudad. Las propuestas de planificación urbanística deberían ir acompañadas de una información pública suficientemente amplia y útil para analizarlas en su totalidad.
• Las ciudades tienen un papel clave tanto en la generación del cambio climático como en su mitigación a través de políticas urbanas que pongan la sostenibilidad como eje prioritario, concretamente la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Casos de planeamiento de desarrollo como es la Operación Chamartín deberían aprovecharse para solucionar los problemas de la ciudad en ese ámbito —en este caso, la falta de conectividad— y apostar por un desarrollo urbano inteligente, es decir, comprendiendo los retos y afrontándolos.

El urbanismo no debe buscar la "rentabilidad" del suelo sino la solución de los problemas urbanos —contaminación, congestión, segregación, etc.—. ¿Quién está haciendo nuestras ciudades, cómo y para qué? ¿A beneficio y perjuicio de quiénes?