Coacción intolerable

Con el intento de ocupación de la sede del PP en Barcelona, las juventudes de la CUP traspasaron ayer una línea roja intolerable en un sistema democrático: la coacción. Varias decenas de militantes de Arran, rama juvenil del grupo independentista, intentaron entrar por la fuerza en las dependencias del PP. La intervención de los agentes de seguridad frustró el intento, que derivó finalmente en un escrache a los políticos populares. El hecho de que tomaran parte activa en los incidentes la diputada autonómica Anna Gabriel y el ex diputado David Fernández resulta especialmente censurable, pues les sitúa fuera de los parámetros de respeto a la libertad que debe presidir la actuación de cualquier cargo electo. Todas las ideas han de poder expresarse en libertad. Resulta muy preocupante que intenten utilizar la intimidación para hacer valer sus posiciones y asusta imaginar de lo que serían capaces si tuvieran la más mínima posibilidad de tener éxito en sus pretensiones.

Ahora que podemos celebrar la recuperación de la paz en el País Vasco y que la calma política ha llegado finalmente a sus calles, el incidente de la CUP nos recuerda el peligro de que Cataluña derive hacia formas de lucha política basada en la coacción. El incidente de ayer recuerda demasiado al clima de hostigamiento y acoso al que fueron sometidos en plena kale borroka las fuerzas políticas del País Vasco. Hay que evitar que una situación parecida se reproduzca en Cataluña.

La acción contra el PP cobra mayor importancia si se tiene en cuenta la dependencia que la coalición Junts pel Sí tiene de la CUP para mantenerse en el Gobierno. Mientras el presidente Carles Puigdemont viajaba a Harvard, la cuna de la intelectualidad académica de EE UU, para defender la ejemplaridad democrática del proceso catalán, sus socios le desmentían en la calle de la forma más grosera. Es de celebrar que tanto el PDeCat como ERC se apresuraran a condenar el intento de ocupación. Pero habría que preguntar a Puigdemont y a Junts pel Sí hasta donde están dispuestos a consentir con tal de mantener el apoyo de los radicales. Porque resulta incompatible apelar al principio democrático en defensa de sus pretensiones de referéndum, y tolerar al mismo tiempo actitudes de coacción que atentan contra la más elemental libertad política.

No es la primera vez que ocurre. El independentismo radical ha hostigado en varias ocasiones a Sociedad Civil Catalana (SCC), una plataforma que se opone a la independencia. Hasta nueve acciones de boicot ha sufrido esta organización por parte de grupos juveniles independentistas, algunas de ellas violentas. Que el consejero de Relaciones Exteriores y Trasparencia, Raül Romeva, tachara de "falangistas" a los miles de ciudadanos que acudieron a la manifestaron convocada por SCC el domingo 19 en Barcelona en contra de la secesión proporciona una inaceptable cobertura ideológica a los incidentes de ayer.