Bisagra en apuros

Crear un partido político no es difícil. Para comprobarlo basta examinar los montones de papeletas que se amontonan en los colegios electorales cada vez que se convoca a la ciudadanía a las urnas. Lo complicado, especialmente en un marco dominado por el bipartidismo durante décadas, es llevar ese partido al Parlamento, implantarlo en todo el territorio nacional y convertirlo en relevante para la gobernabilidad del país.

Hemos tenido que asistir a una crisis económica de enormes dimensiones y a un proceso de desafección generalizada con los partidos tradicionales para que dos nuevas formaciones (Ciudadanos y Podemos) pudieran superar las barreras electorales y entrar en el Parlamento. Pero como demuestran los problemas experimentados estos días por Ciudadanos, mantenerse a flote una vez alcanzado el Parlamento puede ser enormemente difícil, máxime aún si como es el caso actual, el socio al que se ha decidido apoyar, es decir, el PP, se comporta con deslealtad, ningunea al compañero de viaje e incluso no oculta su deseo de acabar con él electoralmente.

Al contrario que Podemos, un partido de extrema rigidez ideológica y con una clara vocación rupturista, Ciudadanos es un partido reformista y por tanto más orientado a los resultados que a la producción de identidad e ideología. Por eso, mientras que el primero ha zanjado abruptamente y de raíz cualquier debate sobre posibles alianzas (aunque el resultado fuera favorecer al PP), Ciudadanos ha hecho un esfuerzo posibilista, típico de un partido bisagra, de negociar a ambos lados del espectro político, logrando concluir primero con el PSOE y posteriormente con el PP acuerdos de calado político y económico.

Pero como se ha visto estas semanas, los problemas de Ciudadanos no vienen tanto de su flexibilidad a la hora de firmar acuerdos de gobierno, sino de la ausencia de mecanismos efectivos para hacer que su socio, en este caso el Gobierno, los cumpla.

Para lograr el Gobierno, el PP y Mariano Rajoy firmaron un acuerdo con 150 medidas, algunas especialmente dedicadas a combatir la corrupción y asegurar la regeneración política. En concreto, en el punto 98, el PP aceptó la apertura de una comisión de investigación “sobre la presunta financiación ilegal del Partido Popular”. Desdecirse ahora de aquel compromiso y pedir, como hace el PP, una comisión que investigue a todos los partidos políticos representa una inaceptable violación de los acuerdos alcanzados en agosto del año pasado.

Afortunadamente, la dinámica parlamentaria surgida de las elecciones del 20-J permite ahora, al estar el Gobierno en minoría, asegurar que los compromisos de regeneración política no se puedan obviar por las buenas y sin consecuencias. Ante los incumplimientos del PP, Ciudadanos está legitimado para continuar la lucha contra la corrupción apoyándose en otras fuerzas políticas y con otras mayorías parlamentarias. Como muestra la encuesta de Metroscopia que publicamos hoy, el PP, cuya gestión sobre la corrupción es evaluada pésimamente incluso por sus votantes, debe tomar nota de que los tiempos de incumplimiento e impunidad en materia de corrupción han acabado.