La corrupción era una bomba de efectos retardados

Sin llegar a utilizar el famoso lema de José María Aznar (España va bien), Mariano Rajoy y su Gobierno nos han bombardeado con la idea de que el crecimiento económico de España permite crear varios cientos de miles de empleos por año, superando así la ominosa herencia de los Gobiernos de Zapatero. Luego llega el CIS y ducha con agua fría tan dulces perspectivas, al mantener, en el último sondeo como en los anteriores, que el paro continúa siendo la principal preocupación de los españoles. El boca a boca tiene más fuerza que los argumentarios políticos, puesto que la mayoría de los ciudadanos sabe de la precariedad y bajos salarios que frecuentemente se esconden tras las gélidas cifras de los contables del empleo.

Tenemos ahí un ejemplo de realidad paralela, de una España que se vive de diferente manera según la posición de cada cual en el terreno de juego. Pero no es el único. Sin llegar a los niveles de inquietud por el paro, el CIS asegura que crece la inquietud por la corrupción y la mala situación política. El sondeo se hizo tras el juicio por las tarjetas black y en pleno proceso del caso Gürtel, a lo cual han seguido la sentencia sobre la Infanta Cristina y su marido, el forcejeo en torno al presidente de Murcia, las presuntas pruebas de la financiación ilegal del PP de Madrid o las abrumadoras declaraciones de los exresponsables del Palau de la Música implicando a la antigua Convergència. Con las pantallas llenas de estos temas, al igual que los periódicos, las nuevas webs y las redes sociales, de nuevo estamos ante otra realidad paralela a la que aventan los partidos gobernantes, tanto de Cataluña como del conjunto de España, decididos a negar lo que pueden o residenciar lo ocurrido en un pasado remoto como si una esponja lo hubiera borrado.

No hay que preocuparse solo de la imagen corrupta que España proyecta hacia el exterior, sino del deterioro de la moral pública de los ciudadanos, de los votantes, a causa de la pasividad para atajar los casos de corrupción personal de los políticos (no la mayoría, por supuesto) y la promovida para financiar a los partidos. Que a todo esto continúan recibiendo el maná de los contribuyentes a las arcas públicas: el Gobierno acaba de conceder 53 millones de euros en subvenciones a las organizaciones políticas, solo en concepto de “ayuda anual estatal”, aparte del reembolso de gastos que se les hace en los periodos de elecciones.

Que la ciudadanía pague el sostenimiento de los partidos con sus impuestos y que compruebe la catarata de presuntos o probados saqueos no es solo un problema penal sino, sobre todo, la evidencia del escaso interés demostrado por respetar a la ciudadanía y de no alentarla a que haga otro tanto, cada cual según sus posibilidades. Realidad paralela: España va bien para unos, necesita mirar al futuro y darse plena cuenta del proceloso mundo que nos circunda; pero la corrupción política era una bomba de efectos retardados y de poco ha servido retrasarla al máximo.