PP: aprender del pasado

El presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, declaró ayer como investigado por el caso Auditorio ante el Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad, por supuestos delitos de fraude, prevaricación, malversación y falsedad documental cuando era alcalde de Puerto Lumbreras entre 2006 y 2011. Tras cuatro horas de interrogatorio, el líder del PP murciano se mantuvo en su posición de no dimitir de su cargo mientras no se produzca una imputación formal, además de descargar en los técnicos municipales la responsabilidad del proyecto del auditorio.

Este caso de corrupción empieza a parecerse a otros muchos a los que se ha tenido que enfrentar el PP, en Valencia, Baleares, Madrid, o a los asuntos Gürtel, Púnica, o Bárcenas, etcétera. En todos ellos, desde Génova o desde el propio palacio de la Moncloa, se empezaba defendiendo a los investigados, criticando a los investigadores y proclamando la presunción de inocencia. Y, a medida que pasaba el tiempo, todas esas defensas públicas, incluso algunos halagos encendidos, quedaban en la hemeroteca para ilustrar la entrada en prisión de los múltiples imputados, procesados y condenados por delitos de corrupción.

Las malas experiencias del pasado deberían llevar a los líderes populares a replantearse su política de defensa a ultranza de unas personas, como Sánchez, sometidas a diversas investigaciones y diversos delitos relacionados con su gestión.

Dimitir del cargo y cumplir la palabra dada no supone reconocer la culpa; ni siquiera negar la presunción de inocencia. Supone ser consecuente con unos acuerdos para la lucha contra la corrupción que han permitido gobernar al PP no solo en Murcia, sino en España y en otras comunidades autónomas y Ayuntamientos. La corrupción es una lacra que genera desafección y socava las instituciones. Bastante daño ha hecho ya, a España, al PP y a Mariano Rajoy, como para no haber aprendido la lección.