Salvaguardas ante la tiranía

"No queremos que Catalunya se vaya pero somos demócratas”. Con este tuit anunciaba el líder de Podemos, Pablo Iglesias, su decisión de firmar el manifiesto del llamado Pacto Nacional por el Referéndum, que aglutina partidos, entidades e instituciones favorables a la celebración en Cataluña de un referéndum sobre la secesión. Al poco, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, le agradecía el gesto y añadía: “Se trata de democracia, en efecto”. Coinciden ambos en que solo se puede ser genuinamente demócrata si se es partidario del derecho a la autodeterminación de Cataluña, País Vasco y Galicia, esto es, de trasladar a los respectivos pueblos de las nacionalidades que integran España la soberanía nacional que la Constitución reserva al conjunto del pueblo español, a la nación española.

Así pues, los partidarios de que la soberanía siga residiendo en el pueblo español en su conjunto no podemos ser auténticos demócratas según la restrictiva interpretación de la democracia que hacen Iglesias, Puigdemont, Junqueras, Colau, etcétera. Ellos son los únicos demócratas. Los que defendemos en el debate público catalán la unidad del pueblo español como un valor en sí mismo que conviene preservar —como en su día hizo a conciencia el añorado Jordi Solé Tura— estamos acostumbrados a que impunemente se nos tilde por ello de enemigos de la democracia. También hay quien considera que el mero hecho de discutir la soberanía del pueblo español es esencialmente antidemocrático, pero desde luego no es mi caso. Tan arbitrario me parece lo uno como lo otro. Siempre he defendido que es legítimo preconizar un cambio del sujeto de soberanía, que en principio tan democrático es ser partidario de preservar la soberanía del pueblo español como de trasladarla al pueblo catalán.

El respeto a la ley es el mínimo común denominador que garantiza nuestra convivencia en un marco de seguridad jurídica

El problema, en mi opinión, no radica en el terreno de los principios, sino en el de la práctica. Lo antidemocrático no es ser partidario de que la soberanía se traspase al pueblo catalán, sino pretender que el traspaso se haga a la brava e ignorando que democracia y Estado de derecho son indisociables. Recientemente, la consejera de Presidencia del Gobierno catalán, Neus Munté, se refería a los refugiados y reconocía que “no sería serio y sería enormemente irresponsable” que la Generalitat acogiera a personas refugiadas sin contar con la autorización del Estado. Resulta que hay que obedecer todas las leyes, pero parece que hay bula con relación a la autodeterminación. Así lo ha decidido la exigua mayoría que conforman Junts pel Sí y la CUP en el Parlament, mayoría insuficiente para reformar el Estatut o para aprobar una ley electoral catalana, pero —no se sabe bien por qué— más que suficiente para derogar la Constitución por la fuerza de los hechos. Esto es la “democracia ilimitada” de la que habla James M. Buchanan, que consiste básicamente en permitir a “una mayoría o a una pluralidad de votantes —ya sea a través de plebiscitos, referendos o asambleas elegidas— hacer cualquier cosa, en el momento que se les ocurra y a quienes les plazca”. Buchanan advierte del “significado totalitario” de esa democracia irrestricta.

Decía Churchill que “la democracia es la peor forma de gobierno, exceptuando todas las que se han probado hasta ahora”. A pesar de su prevención, no hay duda de que Churchill era un demócrata, pero era consciente de que la democracia, malentendida, puede llegar a actuar contra los valores liberales de libertad e igualdad. Dos de los principales teóricos del liberalismo del siglo XIX, Alexis de Tocqueville y John Stuart Mill, coincidieron en apuntar los riesgos de que la democracia devenga en tiranía de la mayoría. Ambos convienen en que la mejor manera de combatir esos riesgos es mediante salvaguardas legales y constitucionales que contrapesen el poder de la mayoría gobernante, en pro de los derechos individuales y de las minorías que constituyen el fundamento de todo sistema democrático y liberal, la mejor defensa contra la tiranía y la opresión.

Lo contrario, la democracia ilimitada, iliberal, que se basa en que una mayoría circunstancial pueda decidir unilateralmente que cualquier materia que le plazca deba considerarse como asunto de su exclusiva competencia, es en la práctica un fraude antidemocrático, una pseudodemocracia. La democracia verdadera debe ser limitada. El respeto a la ley es el mínimo común denominador que garantiza que nuestra convivencia se desarrolle en el marco de libertad y seguridad jurídica que legítimamente cabe esperar de nuestras instituciones democráticas.

Ignacio Martín Blanco es periodista y politólogo.