Respirar aire limpio en la gran metrópoli

Hace tiempo que las grandes áreas metropolitanas españolas —especialmente Madrid y Barcelona— presentan episodios agudos de contaminación que tienen graves consecuencias para la salud. Pero acordarse de Santa Bárbara cuando truena no suele ser una buena estrategia. Reducir los niveles de NO₂ y de partículas cuando se alcanzan esos picos suele ser costoso y las medidas necesarias, no siempre justas y eficaces. Prohibir, por ejemplo, la circulación de coches en función de la matrícula (un día los números pares y al siguiente los impares) como han hecho Madrid, París, Milán y otras ciudades europeas puede ser un remedio de emergencia, pero no mejora sustancialmente los promedios anuales y presenta grandes inconvenientes. El principal, que la prohibición no distingue entre los coches que contaminan mucho y los que contaminan poco.

En materia ambiental no se trata de poner parches cuando la herida ya sangra, sino de aplicar políticas que permitan mantener la atmósfera limpia. Solo así se podrán reducir las 520.000 muertes prematuras que en Europa se atribuyen a la polución, 30.000 de ellas en España. Pero para eso, es preciso un conjunto articulado de medidas que actúen sobre diversos frentes al mismo tiempo.

Esta es la idea con la que los 36 municipios del Área Metropolitana de Barcelona han aprobado un plan de 33 medidas y 47 millones de euros de presupuesto a desarrollar en tres años. Con el tiempo se verá si da los resultados previstos, pero, de momento, es una iniciativa a tener muy en cuenta. La medida más innovadora es un sistema de etiquetas que permitirá retirar de la circulación los coches más contaminantes, en la línea del cambio de estrategia que ha aplicado París este mismo mes de enero. De momento, cuando se superen los límites de polución tolerables, se prohibirá circular por las Rondas de Barcelona y las zonas afectadas a los coches de gasolina matriculados antes de 2000 y los diésel de antes de 2006. A partir de 2020 la restricción para estos coches será permanente.

Pero no se trata solo de prohibir. El plan pretende cambiar tendencias y comportamientos. Su objetivo es favorecer la compra de vehículos eléctricos o híbridos, estimular un mayor uso del sistema de coches compartidos y un aumento de los desplazamientos en transporte público y bicicleta. Entre las 33 medidas figuran, por ejemplo, reforzar la red de transporte con 450 nuevos autobuses híbridos o eléctricos; ampliar los puntos de recarga; extender la malla de carril bici y aumentar el servicio de bicicletas eléctricas.

En 2019 se dejarán de homologar taxis con motor diésel para que en 2025 solo representen un tercio de la flota. Se habilitarán también carriles para vehículos de alta ocupación en los principales accesos y zonas de aparcamiento junto a los nudos de transporte público. Y una medida interesante: aquellos propietarios de vehículos contaminantes que los lleven al desguace y no los sustituyan por uno nuevo recibirán un abono de transporte público gratuito durante tres años. Habrá que seguir muy de cerca estas medidas, pero de momento, suenan bien.