Reinventar el canon digital

No está en cuestión que los creadores de productos culturales tengan legítimo derecho a obtener una remuneración equitativa cuando se realiza una copia de sus obras para uso privado. Lo que sí se discute es cuál es la manera más justa de amparar ese derecho. España ha venido aplicando en los últimos años la política del parche, adoptando soluciones según los tribunales iban tumbando normativas. La última reforma, que implicaba sufragar el canon digital con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, fue anulada por el Tribunal Europeo el verano pasado.

El Gobierno ha buscado fórmulas para salir del atolladero. En principio, el acuerdo alcanzado con las entidades de gestión de derechos para reinventar el canon digital es una vuelta al pasado al trasladar la recaudación al precio de determinados soportes de almacenamiento y equipos de grabación de contenidos sujetos a propiedad intelectual. Nuevamente, recaerá sobre la adquisición de CDs, DVDs, teléfonos móviles, tabletas o memorias de USB. Para intentar evitar más litigios, estarán exentas empresas, Administraciones Públicas y quienes utilicen tales aparatos con fines profesionales. En teoría, serán fabricantes e importadores quienes satisfagan el canon digital, pero es ingenuo pensar que de una u otra manera no terminará recayendo en el usuario.

Las entidades de gestión aplauden una reforma que volverá a llenar sus arcas. Pero es dudoso que este nuevo sistema consiga sus objetivos si no es lo suficientemente flexible para adaptar tarifas y conceptos (como definir qué es “copia privada”) al entorno digital. El Gobierno debería entender también que la mejor manera de defender los derechos de los autores es combatir eficazmente a su enemigo: la piratería. El hecho de que un grandísimo porcentaje de consumo cultural online seailegal y genere pérdidas millonarias debe llamar a la reflexión.