Mucha gente en la estacada de la dependencia

Diez años después de aprobada la ley de la dependencia, la norma que estaba llamada a cambiar la vida de los más vulnerables sigue siendo un rompecabezas. Es verdad que fue importante reconocer como un derecho del ciudadano lo que hasta entonces dependía de que el círculo familiar del afectado pudiera o quisiera atenderle. Hacer intervenir en ello a los poderes públicos llevó al entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a hablar de “hito histórico”. Pero ha pasado el tiempo y ahora una socialista tan significada como Susana Díaz resalta el contraste entre el plan gubernamental para rescatar autopistas, valorado en 5.000 millones de euros, y la negativa del Ejecutivo a proporcionar más financiación a la dependencia.

Es verdad que en 2015 dejó de caer el número de dependientes atendidos. Después de cuatro años de retroceso en la cifra de personas con derecho a ser evaluadas y de una congelación de las prestaciones, el Ejecutivo decidió incorporar a las personas con una dependencia menos grave. Ese cambio se produjo en coincidencia con el periodo electoral de 2015. ¿Habrá que aguardar a otras elecciones para lograr un nuevo empuje? Por más especulaciones que se hagan sobre unas palabras del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el miércoles por la noche (“hasta las próximas elecciones”), no parece que fuera otra cosa que un lapsus en una cena prenavideña. Ya se sabe que los años electorales estimulan el gasto público, pero este no puede ser el método normal de funcionar de un país.

Así que vuelta a hacer las cuentas. Haber reducido en 2.865 millones la financiación de la dependencia durante la legislatura anterior ha supuesto dejar a muchas personas en la estacada. Con 450 millones de euros se podrían dotar 265.000 ayudas más, cuando aún hay 356.00 personas con una dependencia reconocida que no tienen prestación. Al intento de mejorar la dotación económica se añade que los cuidadores (más del 90%, mujeres) vuelvan a cotizar.

La Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales pide un pacto de Estado. Salvo el Partido Popular, las demás fuerzas representadas en el Congreso de los Diputados están de acuerdo en revertir los recortes. También intentan que cualquier cambio en las prestaciones sea aprobado por el Parlamento, y no por el Gobierno mediante decreto. El Grupo Parlamentario Popular, sin oponerse frontalmente a los planteamientos de los demás, envía la cuestión a una subcomisión parlamentaria para el estudio de la ley. Un modo de dilatar las posibles soluciones.

Hay una pelea entre las comunidades autónomas y el Gobierno sobre quién debe aportar más dinero. Las autonomías ya han hecho un gran esfuerzo. Y sin más recursos es imposible atender a los que carecen de prestaciones. Hablamos de dependencia, no de frivolidades ni de fruslerías.