Llueve sobre mojado

En una enésima resolución unánime sobre el proceso soberanista catalán, el Tribunal Constitucional (TC) paraliza la convocatoria de un referéndum para la independencia propugnada por una resolución de la mayoría parlamentaria secesionista Junts pel Sí/CUP del mes de julio. Y advierte nuevamente a las autoridades autonómicas de que deben suspender cualquier actuación preparatoria del mismo.

Llueve así sobre mojado: precisamente mañana la presidenta del Parlament, la activista Carme Forcadell, deberá declarar judicialmente como investigada por incumplir —de forma alambicada— una resolución anterior del mismo signo.

En realidad, la secuencia se repite porque se trata de distintos incidentes de ejecución de la sentencia dictada por el TC a raíz de la proclama secesionista del 9 de noviembre de 2015. Y por tanto, de todos los pasos emprendidos para incumplirla.

Bajo la densidad de la argumentación legal y la torpeza de algunas conductas ilegales, sin embargo, aflora esta vez un sendero de interés político. El Gobierno de la Generalitat reaccionó ayer renunciando a desobedecer y desafiar al Constitucional. Eso sí, persistirá en la convocatoria de la gran reunión prorreferéndum del 23 de diciembre, acogiéndose al amparo que le ofrecería otra resolución en favor de un referéndum redactada por los comuneros (Catalunya Sí que es Pot).

Pero claro, esa resolución, a diferencia de la otra, rechaza el referéndum como un desacato que viole el artículo 92 de la Constitución y la legislación sobre referendos. Al contrario, defiende una convocatoria con “las máximas garantías” legales e internacionales. Por eso el Gobierno no la impugnó, y el Constitucional no la suspende. El episodio, a la espera de que los conatos de diálogo político fructifiquen, indica, a sensu contrario de la propaganda radical, que hay vías legales —esa, y otras distintas—, para encauzar la cuestión catalana en vez de complicarla.