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Deportaciones sumarias

El aumento de las expulsiones exprés reduce las posibilidades de defensa de los inmigrantes irregulares

Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche, en Madrid.
Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche, en Madrid.

La deportación de un joven de 19 años que llevaba en Galicia desde los cinco y tiene a su familia en Santiago ha puesto de nuevo bajo sospecha de arbitrariedad la forma en que se producen las expulsiones de inmigrantes. El joven fue detenido el martes y el domingo aterrizaba en Paraguay sin medios ni vínculos a los que recurrir. La expulsión se produjo de forma sumaria, sin haber podido defenderse y hacer valer su situación de arraigo en el país. El joven había estado bajo la protección de la Xunta y se le expulsó porque un año después de alcanzar la mayoría de edad y perder la condición de menor tutelado no había logrado encontrar trabajo. Como la mayoría de jóvenes de su edad.

Pese a que la ley contempla el arraigo como un motivo de regularización, una vez que se inicia el proceso de expulsión pocas veces se toma en consideración. El caso de otro joven de 19 años que vivía con su familia en Madrid ya alertó hace un año sobre la opacidad y la falta de garantías con las que se ejecutan las llamadas expulsiones exprés. Fue detenido cuando iba al instituto y deportado en apenas 40 horas a Honduras. Diversas organizaciones humanitarias y el Consejo General de la Abogacía han advertido de que estas expulsiones, que se realizan directamente desde las dependencias policiales en menos de 72 horas, reducen las posibilidades de defensa.

Las expulsiones exprés han aumentado hasta el punto de que en 2013 ya fueron más numerosas (el 58%) que las realizadas a través de los centros de internamiento de Extranjeros (CIE). En concreto, 6.642 deportaciones exprés frente a 4.726 a través de los CIE. Interior recurre a este sistema porque es más rápido, eficaz y barato, pero es intolerable que sea a costa de vulnerar los derechos de los inmigrantes. No es razonable además que se expulse del país a personas que pueden acreditar años de arraigo en los que han contribuido como cualquier ciudadano. La mayoría han caído en situación irregular al perder el trabajo.

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