Columna
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Francia saca a España 61 años en la “tregua invernal”

Los desahucios han quedado prohibidos desde el pasado día 1 hasta el 31 de marzo de 2017

Un activista antidesahucios es reducido por los servicios de seguridad del PP
Un activista antidesahucios es reducido por los servicios de seguridad del PPALVARO GARCÍA

“Una mujer acaba de morir congelada en la acera del bulevar Sebastopol de París. Aún tenía aferrado el documento de desahucio por el que fue expulsada anteayer de su casa”. La frase cambió la historia de la solidaridad de Francia. La difundió por la cadena de televisión RTL el 1 de febrero de 1954 el abad Pierre, fundador de la ONG Traperos de Emaús. El país se movilizó, incluidos Gobierno y Parlamento. Dos años después, se aprobó la tregua invernal, la ley que prohíbe desahucios de casas en los meses de frío. En su 61ª aplicación, entró en vigor desde el pasado 1 de noviembre y durará cinco meses.

Con los años, la norma ha sido incluso mejorada para los arrendatarios. La tregua se amplió en 2014 hasta el 31 de marzo —era hasta el 15 del mismo mes— e incluyó la prohibición de cortar la luz y el gas. Ahora, el poderoso sindicato CGT, el principal del país, quiere plazos más amplios porque considera que la tregua es “de corta duración”.

Al otro lado de los Pirineos, la situación es opuesta pese a que los estragos de la crisis han originado muchos más desahucios: 29.000 familias españolas perdieron su residencia principal el año pasado, más del doble que en Francia. Ni las dramáticas escenas de familias con niños expulsadas a la calle o los suicidios de afectados provocaron cambios legales. El Parlamento rechazó la propuesta de tregua invernal que planteó Izquierda Unida y, a iniciativa del Gobierno del Partido Popular, el Tribunal Constitucional bloqueó la norma aprobada al respecto en Cataluña.

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La ley francesa tiene algún efecto secundario: cada 1 de abril se ejecutan miles de desahucios embalsados en la tregua y los propietarios exigen abultada documentación personal y bancaria para asegurarse inquilinos fiables. Los efectos secundarios en España parecen mucho más terribles. Hasta el Tribunal de la UE le ha llamado la atención.

 

Sobre la firma

Carlos Yárnoz

Es Defensor del Lector, llegó a EL PAÍS en 1983 y ha sido jefe de Política, subdirector o corresponsal en Bruselas y París. El periodismo y Europa son sus prioridades. Como es periodista, siempre ha defendido a los lectores. Ahora, oficialmente.

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