Cuidado: aquí se viola y se vuelve a violar

Veamos si estamos de acuerdo en todo esto:

1. La culpa de una violación nunca es de la víctima.

2. La culpa de una (primera) violación es solo del violador.

3. La culpa de la siguiente violación es solo del violador, sí, pero ¿qué ocurre cuando el criminal estaba disfrutando de un permiso penitenciario de tres días, como ha ocurrido estos días? ¿No hay una parte de responsabilidad que corresponde al sistema judicial? ¿No ha fallado algo —o todo— cuando en el cumplimiento de la ley se ha desprotegido a las potenciales víctimas?

Observen la secuencia de lo ocurrido: Tomás Pardo Caro fue condenado a 26 años de cárcel por secuestrar, atar, violar, robar e intentar matar a una mujer de Martorell en 2002. Han pasado 14 años de aquello y, desde 2013, el preso cuenta con informes que avalan los permisos de salida porque aquella violación podía considerarse un “episodio puntual” y porque “ha avanzado mucho con una actitud empática hacia las víctimas”. El preso se había sometido al programa para agresores sexuales y había cumplido más de una cuarta parte de la pena. El juez de vigilancia penitenciaria, sin embargo, no se fió. Le denegó permisos de tres días hasta 13 veces al considerar en sus autos “la gravedad” de los hechos y la necesidad “de ser cautelosos”. El preso recurrió ante la Audiencia de Barcelona, que en febrero le dio la razón y que obligó a concedérselos. El pasado sábado, en su tercer permiso de este tipo, Pardo Caro repitió el mismo patrón que en 2002: secuestró presuntamente a una mujer a la puerta de su casa en Igualada, la violó y le asestó seis puñaladas en el cuello. La abandonó herida tras robarle la cartera y solo la pericia de esta mujer, que logró in extremis enviar su ubicación a través del móvil a un conocido, facilitó su búsqueda. Por cierto, en 2005 un error judicial había dejado momentáneamente en libertad a Pardo Caro.

El choque de criterios entre el juez de vigilancia penitenciaria y la Audiencia de Barcelona ha puesto en evidencia una laguna que va a costar caro a varias mujeres: la recién violada y la anterior, que aún lucha por superar el recuerdo de su vejación. Las normas son siempre interpretables y el primer juez tenía razón. ¿Quién nos defiende del segundo, que se equivocó?

Cada año se denuncian cerca de 1.200 violaciones en España y son incalculables las que no llegan a comisaría. Los últimos meses nos han dejado además una imagen que, si creíamos que ocurría solo en paisajes lejanos como India o Brasil, ya podemos espabilar: violaciones múltiples en San Fermín, Córdoba y Palma y su exhibición escarnecedora en grupos de WhatsApp. El uso creciente de drogas que anulan la voluntad juega a la contra.

Si estamos de acuerdo en todo lo anterior, probemos a abrir un debate para resolver lo siguiente: ¿cómo evitar que los beneficios penitenciarios valgan más que la seguridad de una mujer?