La gestión de lo público

La Fiscalía Anticorrupción presentó ayer su escrito de acusación ante el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, que instruye el caso de los ERE, en el que pide seis años de prisión y 30 de inhabilitación para el expresidente socialista andaluz José Antonio Griñán por un delito continuado de malversación y otro de prevaricación, y 10 años de inhabilitación para su antecesor, Manuel Chaves, por prevaricación. En el escrito se piden diversas penas para seis exconsejeros y 18 altos cargos de la Junta de Andalucía.

Sin entrar en la oportunidad de la presentación del escrito en estos momentos, o en la gradación de las penas solicitadas, hay que defender que la Justicia tiene que llegar hasta el final a la hora de determinar si los servidores públicos han gestionado con honradez el dinero de todos y si han controlado la administración eficaz de su Gobierno. En este caso, se trata de dilucidar si hubo o no una decisión política que favoreció el desvío de 855 millones de euros dedicados a financiar expedientes de regulación de empleo (ERE) en Andalucía entre 2001 y 2010.

Los afectados sostienen que todo fue legal y que Chaves y Griñán hicieron lo que cabía esperar de ellos en cuanto a responsabilidad pública: abandonar la vida pública cuando fueron imputados y darse de baja en el PSOE. Sin embargo, el magistrado sospecha que la Junta montó un sistema opaco y arbitrario para distribuir esos fondos, sin que existiera un sistema fiscalizador eficaz.

La Justicia debe continuar el procedimiento con independencia y con la mayor diligencia posible. No estamos hablando de un caso de corrupción propiamente dicha, sino de presuntas irregularidades en la gestión y el control de fondos públicos. Es urgente determinar las responsabilidades penales y asegurarse de implementar sistemas que aseguren la mejor utilización del dinero público, con transparencia y equidad.