Compromiso educativo

Terminan las vacaciones y encaramos un nuevo curso escolar marcado como nunca por la inestabilidad regulatoria y la incertidumbre. La deriva en la que se encuentra el sistema educativo español se ha convertido en un lastre para el futuro del país y de las nuevas generaciones. Urge una rectificación. Los responsables políticos deben dejar de hablar tanto de pacto educativo y ponerse realmente a desbrozar el camino que lo haga posible. Para conseguirlo, convendría que se evitaran los planteamientos que han hecho fracasar los intentos anteriores.

No se trata tanto de definir y partir de los puntos en los que hay acuerdo, porque son pocos y eso es precisamente lo que ha conducido a los bandazos que han caracterizado las siete reformas emprendidas en democracia. Hace falta partir del reconocimiento de los grandes desacuerdos que existen y tratar de aproximar posiciones con propuestas factibles que impliquen cesiones, pero también ganancias. La mejor forma de consensuar un marco educativo estable es evitar los maximalismos. Es preciso sacar el debate del terreno de la pugna ideológica y centrarlo en cuestiones prácticas que puedan mejorar la enseñanza. Y es hora de hablar de calidad más que de cantidad. Por supuesto, cualquier acuerdo debe partir del compromiso de recuperar los niveles de inversión previos a la crisis, pero la calidad educativa no depende solo de los recursos materiales.

En cuanto a los protagonistas, la historia de fracasos acumulada aconseja no incidir en vías ya agotadas. Visto el encono de la lucha partidista, no parece conveniente que la negociación comience por los partidos políticos. Podría ser mucho más fructífero abordar el acuerdo mediante un proceso deliberativo en el que los diferentes agentes y sectores involucrados, desde la comunidad educativa hasta las familias y los expertos, traten de consensuar una propuesta de acuerdo realista y viable que los partidos deberían traducir más tarde en un proyecto legislativo. No es una quimera. Este método tiene precedentes exitosos en nuestro país, que muestran que el pacto es posible. Desde este punto de vista, hay que pedir a los partidos políticos el compromiso de que apoyarán una legislación de consenso que dé estabilidad al sistema, tanto en el tiempo como a nivel institucional. No se debe legislar contra las comunidades autónomas, pero también ellas deben involucrarse en el acuerdo, partiendo del criterio de que un buen sistema educativo debe incorporar elementos de flexibilidad (contenidos, organización, horarios), atender a la diversidad y desplegar mecanismos de evaluación y mejora permanente.

Hasta ahora, la estrategia de la imposición solo ha conducido a vaivenes legislativos que han agotado a la comunidad educativa, han enconado el debate y han acabado conduciendo a situaciones tan insólitas como la actual, en la que hay una ley aprobada, la LOMCE, que no puede aplicarse por falta de apoyo institucional y político. Se da la paradoja de que la norma, concebida para uniformizar el sistema, ni siquiera es capaz de garantizar que todos los alumnos tengan el mismo tipo de evaluación. Con lo que ocurre este comienzo de curso, hemos tocado fondo. Nunca más debe repetirse.