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¿Ha visto a este joven?

La ONU conmemora cada 30 de agosto a las víctimas de las desapariciones forzadas. Los conflictos, las migraciones o los desastres naturales son las principales causas de este fenómeno que cada año sume a miles de familias en una búsqueda interminable

Vídeo: CICR
Alejandra Agudo
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La guerra entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC terminó el pasado domingo después de 52 años. No para la madre de Enrique, quien desapareció en 1992 cuando tenía 15 años. Unos encapuchados se lo llevaron mientras vendía boletos para la rifa de una bicicleta por las calles de Calamar, en el departamento de Bolivar. "¿Ha visto a este joven?", es la pregunta que repetía la progenitora mientras mostraba la foto de su hijo a todo aquel que quisiera escucharla. Y a los que no, también. Como Enrique, unas 100.000 personas se han desvanecido en el último medio siglo en Colombia, convirtiéndose en sombras del pasado para sus familias que no dejan de buscarlas, ni pierden la esperanza de encontrarlas. Que vuelvan. La de Enrique es la historia real relatada en un cómic editado por el Comité Internacional de Cruz Roja (CICR) para sensibilizar sobre este problema global con motivo del Día Internacional de las Desapariciones Forzadas e Involuntarias que se celebra cada 30 de agosto.

"Lo he visto en Sri Lanka, en la época más dura del conflicto. Lo he visto también en Colombia y Timor-Leste. Las familias de los desaparecidos, principalmente las madres, sufren como el primer día. A pesar del paso de los años, siguen teniendo la esperanza de que sus allegados vuelvan a aparecer en la puerta de casa un buen día. Te dicen: 'Lo espero'. 'No quiero morir sin saber lo que ha pasado". Lo explica Frédérique Desgrais, responsable de la Unidad para el Restablecimiento de contactos familiares y personas desaparecidas del CICR. Para mitigar el dolor que deja la ausencia y la falta de información, la organización cuenta con programas de apoyo a las víctimas que abarcan desde ayuda psicológica, jurídica y material para las personas afectadas, así como de búsqueda, reasentamiento y reagrupación familiar.

La sombra de Enrique

Puedes leer aquí el cómic La sombra de Enrique, realizado por Benjamin Dix y su equipo, Positive Negatives, basado en una historia real de uno de los miles de desaparecidos en el conflicto en Colombia.

La dimensión de este problema global es desconocida "e históricamente no reconocida", denuncia esta organización en un comunicado. La falta de registros nacionales y reconocimiento de la figura del desaparecido en muchos países oculta aún más a los ya ausentes. El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas ha recogido desde su creación, en 1980, un total de 55.273 casos en 107 Estados, de los que 44.159 siguen en estudio y atañen a un total de 91 países. En el último año, se han logrado esclarecer un total de 161. Según el último informe de este organismo, los países con mayor número de desaparecidos desde que se registran los datos son: Irak (16.560), Sri Lanka (12.349), Argentina (3.446), Argelia (3.168), Guatemala (3.154), Perú (3.006), El Salvador (2.673), Colombia (1.260), Chile (907) y Filipinas (786).

Cada uno de esos números es un drama familiar, una fotografía manoseada, una pregunta sin respuesta. ¿Le ha visto?  "Los familiares de las personas desaparecidas tienen derecho a conocer la verdad sobre la suerte y el paradero de sus seres queridos", recuerda el alto comisionado de la ONU de los Derechos Humanos en un comunicado. "Si están con vida, los desaparecidos deben ser localizados y protegidos. Si fallecieron, los restos deben ser buscados, tratados adecuadamente, identificados cuando sea posible y devueltos a sus seres queridos", añade el CICR. Pero, a tenor de las denuncias de esta y otras organizaciones como Amnistía Internacional, falta voluntad política para que así sea. "Inexplicablemente. Es difícil saber por qué se produce esa indiferencia por parte de los Estados. Nuestro rol es alertar", se limita a declarar Desgrais, que rehúsa cualquier tipo de crítica concreta. 

España y los desaparecidos de guerra

Otras organizaciones, sin embargo, sí ponen nombre y apellidos a esta falta de voluntad. Lo ha hecho Rights International Spain, que ha recordado que en España todavía hay quienes buscan a sus padres, abuelos o tíos entre los 114.000 desaparecidos en la Guerra Civil (1936-39) y los años de dictadura franquista (hasta 1976). "Los familiares de las víctimas de desapariciones forzadas en esta oscura etapa de nuestro país siguen siendo ignorados por el Estado español", subrayan en una carta dirigida a quien sea el "próximo presidente". Los gobiernos democráticos han puesto trabas, denuncia esta organización, al mandato de la ONU de cumplir con el derecho internacional en este sentido.

Así lo cree también Amnistía Internacional, que en un informe publicado hoy sostiene: "En España se sigue privando del derecho a la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas. Las autoridades españolas siguen sin prestar asistencia adecuada al poder judicial argentino, que ejerce la jurisdicción universal para investigar estos crímenes de derecho internacional. En los últimos dos años, al menos cinco mecanismos de Naciones Unidas han constatado y expresado que España ni investiga ni deja investigar y le han instado a cumplir con sus obligaciones".

La ONG destaca en su documento que, además de la necesidad de luchar contra la impunidad y reparar el daño sufrido en el pasado, todavía muchos Estados o personas que actúan en su nombre y se niegan a reconocerlo, hacen desaparecer a personas para acallar la disidencia y eliminar cualquier oposición política, así como para perseguir a grupos étnicos o religiosos. No es que se nieguen a investigar los casos, es que son los culpables. "La desaparición forzada se usa a menudo como estrategia para infundir el terror en los ciudadanos. La sensación de inseguridad que esa práctica genera no se limita a los parientes próximos del desaparecido, sino que afecta a su comunidad y al conjunto de la sociedad", aclara la ONU.

Es el caso de Sudán del Sur, donde la población civil "se encuentra a merced de las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas gubernamentales tras la firma del acuerdo de paz en agosto de 2015 en un escenario de total impunidad", señala Amnistía. Según datos del CICR, en este país subsahariano se han registrado más de 10.000 casos de menores no acompañados separados de sus familias o desaparecidos.

Perdidos en el camino

"Las desapariciones forzadas con implicación del Estado y las perpetradas por agentes no estatales continúan siendo una práctica generalizada en México. La impunidad por estos crímenes sigue siendo absoluta. Según datos oficiales, 27.638 personas (20.203 hombres y 7.435 mujeres) se hallaban en paradero desconocido en el país al concluir 2015. Por lo general, las pocas investigaciones criminales sobre esos casos presentaban deficiencias y las autoridades no buscaban a las víctimas", sostiene Amnistía.

Y así en un largo listado de países donde por acción u omisión del Estado, las desapariciones forzadas son práctica habitual. Siria, Egipto, Etiopía, Ucrania, Turquía, Guatemala, Irak, Perú... Además de los conflictos y la lucha sucia contra personas incómodas, desde activistas hasta periodistas, las migraciones son un gran agujero negro que se traga la vida de miles de personas. Mueren o se pierden en el camino. Les ocurre a cientos, miles, de los que tratan de llegar a Europa por peligrosas rutas a través de África y Oriente Medio; o en el Mediterráneo, donde se ahogan ante la mirada de un continente rico, pero incapaz de salvar sus vidas. Les sucede a hondureños, salvadoreños o guatemaltecos que tratan de hacer realidad el sueño americano en Estados Unidos huyendo de sus países marcados por la violencia. Y México los engulló. Les pasas a los rohingya, minoría perseguida en Myanmar (antigua Birmania) donde viven en condiciones miserables, sin derecho a poseer tierra, explotados y limitados en sus movimientos, y se echan a la mar desesperados, no siempre para acabar con un final feliz.

¿Cómo actuar? El CICR propone, entre otras medidas, que se desarrollen marcos jurídicos orientados a identificar e informar sobre las víctimas, así como responder a las necesidades de las familias. Muchas no solo pierden a un padre, hija o hermano, sino que se quedan sin sostén económico y no adquieren, debido a la falta de leyes concretas, el derecho de volver a casarse en el caso de las mujeres, vender los bienes comunes o al acceso a determinados servicios sociales. Permanecen en un limbo emocional y legal que les hace revivir cada día el mismo día: el último que vieron a su Enrique.

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Sobre la firma

Alejandra Agudo
Reportera de EL PAÍS especializada en desarrollo sostenible (derechos de las mujeres y pobreza extrema), ha desarrollado la mayor parte de su carrera en EL PAÍS. Miembro de la Junta Directiva de Reporteros Sin Fronteras. Antes trabajó en la radio, revistas de información local, económica y el Tercer Sector. Licenciada en periodismo por la UCM

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