La Unión Europea complice de la violación de derechos humanos en Etiopía

Según informa el Oakland Institute, la Unión Europea (UE) y el Ministerio de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania están financiando una iniciativa agrícola en Etiopía con 3.8 millones de euros. El proyecto, que lleva el nombre de Apoyo a la Inversión Agrícola Responsable, pero que es conocido por las siglas S2RAI (derivadas de su título en inglés), fue presentado el pasado mes de marzo, tiene una duración de dos años y se centra en dos regiones del oeste del país: Gambella y Benishagul-Gumuz.

El principal propósito de este programa es “la mejora de la nutrición y la seguridad alimentaria mediante la promoción de la tenencia segura de la tierra y las inversiones agrícolas responsables”, según se dice en el propio proyecto.

Sin embargo, el Oakland Institute cree que esta iniciativa pasa por alto hechos fundamentales con respecto a la seguridad alimentaria, la tierra y la situación política que se vive en Etiopía, lo que desacredita ese objetivo oficial. En otras palabras, S2RAI ayudará a perpetuar la usurpación de tierras y los abusos de derechos humanos en la región.

Etiopía es entre los países africanos que promueven las inversiones comerciales a gran escala en agricultura el que más restringe el derecho de las comunidades afectadas a participar y dar su consentimiento a estos procesos, además de no informar a sus ciudadanos sobre ellos. Esta política ha recibido tantas críticas en los últimos años por parte de periodistas y activistas que el gobierno se ha visto obligado a suspenderla en marzo de 2016.

Desde 2010, Etiopía ha reservado 3.6 millones de hectáreas para estas inversiones y en 2015, anunció que otros 11.5 millones de hectáreas estaban disponibles con el mismo propósito.

La UE afirma que Etiopía tiene un total de 52 millones de hectáreas de tierra cultivable disponible. Sin embargo, diversas investigaciones indican que el tamaño medio de las explotaciones agrícolas ha disminuido un 1,4 % anualmente entre 2004 y 2014, lo que indica un aumento de la presión sobre los recursos de la tierra. De hecho, sigue denunciando Oakland Institute, para facilitar la creación de agroindustrias en zonas bajas y fértiles, en 2010, el gobierno puso en marcha un programa de reasentimiento colectivo con el fin de reasentar a 1.5 millones de personas. Esta medida se ha impuesto por la fuerza usando para ello la coacción y la violencia, el desplazamiento de comunidades sin compensación y destruyendo los medios de vida de miles de personas. En Banishangul-Gumuz y Gambella solo, casi medio millón de personas se han sido identificadas para ser desplazadas para que el proyecto de la UE y Alemania pueda ponerse en marcha, aunque la excusa esgrimida por el Ejecutivo para tal acción sea la sequía que afecta al país.

Siempre según Oakland Institute, estas políticas etíopes, no solo están marcadas por la gran violación de derechos humanos, sino que también se han demostrado ineficaces. En 2014, un informe del Grupo de Asistencia para el Desarrollo de Etiopía encontró que solo el 11 % de la tierra concedida a los inversores agroindustriales había sido desarrollado, estando el resto sin aprovechamiento. Además, entre 2010 y 2013, la productividad de las granjas comerciales de los principales cultivos (cereales, legumbres y semillas oleaginosas) fue más baja que la de los pequeños agricultores etíopes. Tan malos resultados llevó a la Agencia para Inversión Agrícola y la Administración de Tierras a suspender, de forma indefinida, su programa de cesión de tierras, en marzo de 2016.

Sin embargo, el lanzamiento del Proyecto S2RAI supone una puerta abierta para una rápida vuelta a la concesión de grandes extensiones de terreno a las multinacionales agroindustriales. Oakland Institute ve como muy preocupante que este proyecto dependa de las mismas agencias etíopes que han sido responsables de los desplazamientos forzosos masivos de los que hablábamos más arriba.

Tampoco podemos olvidar que desde noviembre de 2015, el gobierno etíope ha matado a más de 400 personas que protestaban pacíficamente en la región de Oromo contra la imposición de un esquema de desarrollo urbano que quiere desplazar a los agricultores y que tendrá un impacto negativo sobre las comunidades locales.

Igualmente, hay que señalar que las ONG presentes en el país no van a poder implicarse de forma significativa en el proyecto porque todas sus actividades están controladas por la Ley de ONG de 2009 que es muy restrictiva: limita las posibilidades de conseguir financiación internacional y permite la vigilancia y la interferencia con su trabajo por parte del gobierno, lo que en los últimos meses ha llevado al cierre de más de 200 de estas entidades.

Por todo esto, el Oakland Institute se pregunta por qué la Unión Europea va a gastar millones de euros para reactivar políticas de inversión agraria que hasta el momento se han demostrado de lo más desastrosas.

En los últimos años, ya sea a través de políticas bilaterales o de otros programas de la UE, los países europeos han utilizado cada vez más la ayuda oficial al desarrollo para financiar la inversión del sector privado en la agricultura. Además, han participado en iniciativas como la Nueva Alianza del G7 para la Seguridad Alimentaria y la Nutrición, con el objetivo de influir directamente en los países para incidir en el desarrollo de políticas favorables a las inversiones agroindustriales a gran escala.

Por eso mismo podemos pensar que estas iniciativas fueron puestas en marcha con el único objetivo de que las empresas privadas puedan aprovecharse de las tierras y los recursos naturales de los países en desarrollo.

S2RAI, al igual que un sinfín de iniciativas similares implementadas anteriormente, busca legitimidad con la excusa de luchar contra el hambre, una retórica que nunca falla.

Sin embargo, este proyecto no explica por qué la UE considera que los esquemas agrícolas a gran escala que buscan el beneficio rápido y que, por lo general, están basados en la exportación, son mejores a la hora de alimentar a los etíopes que los pequeños agricultores, que ya contribuyen a este fin al representar más del 90 % de la producción agrícola del país.