El significado de la responsabilidad

Desde diciembre, en la política española sobra ruido y prima una sorprendente desconexión entre la gravedad de los problemas y el debate sobre la mejor opción para enfrentarse a ellos. La minimización del riesgo político, sea dentro de un espacio ideológico o dentro de la propia organización, prevalece sobre todo lo demás. La misma vocación de supervivencia que condujo al fracaso colectivo de la izquierda entre diciembre y junio explica el reciente giro de Ciudadanos, necesitado de retomar la iniciativa tras el retroceso electoral. En este contexto, se apela diariamente a la “responsabilidad” y se celebra como tal que Rivera haya contribuido a acabar con esta interinidad con vocación de permanencia.

Antes de realizar juicios sobre la responsabilidad de los políticos conviene clarificar los criterios. Me centraré en dos: el primero, ampliamente esgrimido, es el de la necesidad urgente de investir un Gobierno capaz y estable. Si un partido ve que los que le gobiernan son otros en el Parlamento, la estabilidad durará poco; el segundo, en el que apenas se profundiza, atañe a la relación entre los desafíos a que se enfrenta el Gobierno, la naturaleza de las soluciones que se proponen, y el perfil del partido o coalición de Gobierno. Con mayorías absolutas, este problema lo resuelven los votantes. Sin ellas, la tarea corresponde a los líderes de los distintos partidos. Lo preocupante de la situación actual es que lo que parece la opción más factible desde el punto de vista de la gobernabilidad es la más perjudicial desde el punto de vista de las políticas necesarias a corto y medio plazo. Y aquí es donde las apelaciones a la responsabilidad se vuelven algo más complejas.

Da vértigo repasar los desafíos presentes y futuros: una crisis social, con niveles de paro de larga duración, precariedad salarial y pobreza infantil impropios de sociedades avanzadas; al tiempo, y agravando la situación, una crisis fiscal, con pensiones cada vez más expuestas, una deuda creciente superior al 100% del PIB y un déficit sobre el que Bruselas espera al nuevo Gobierno; una crisis institucional, donde la corrupción y la manipulación a favor de intereses particulares y de partido se han extendido como un cáncer; y una crisis territorial que refleja el agotamiento del parche, efectivo y duradero pero en ultimo término agotado, diseñado en 1978. En el camino, las generaciones más jóvenes siguen en el fondo de la lista de prioridades en un mundo crecientemente competitivo.

Ante semejante escenario, Ciudadanos condiciona la investidura a una “regeneración” sobre medidas aplicables solo después de la investidura, cuando no necesitadas de una reforma constitucional. Lo importante es lo que no piden. Por omisión, la oferta sugiere continuismo en los grandes ejes de la política económica y, sobre todo, en la cuestión territorial. Por su parte, PSOE y Unidos Podemos compiten por el liderazgo de la oposición, con los primeros negándose tanto a sumarse a un supuesto “pacto de Estado” como a considerar la posibilidad de un acuerdo que, incluyendo la participación de algunos partidos soberanistas, podría facilitar una alternativa de izquierda. Decir que no a ambas cosas a la vez y asegurar que no habrá terceras elecciones eleva el listón de la paciencia exigible a votantes y ciudadanos. Si el compromiso de evitar terceras elecciones es creíble, antes o después el PSOE tendrá que elegir entre tolerar a Rajoy o liderar una alternativa.

Si hay que evitar terceras elecciones, el PSOE debe elegir entre tolerar a Rajoy o liderar una alternativa

La interpretación dominante sugiere que lo responsable es permitir que gobierne Rajoy, sea con Ciudadanos, sea en solitario. Se trata de una interpretación que razona solo desde la perspectiva de la llamada gobernabilidad. Pero la gobernabilidad no es, o no debiera ser, un fin en sí mismo. Es un medio para contribuir a una adecuación democráticamente legítima entre las soluciones propuestas y los problemas del país.

A pesar de las condiciones establecidas por Ciudadanos, consentir la continuidad como presidente del nombre más mencionado en los papeles de Bárcenas condona implícitamente la corrupción y la vulneración de derechos fundamentales, generando un enorme daño social; implica también consolidar el incremento de working poor, de la pobreza infantil, de la desigualdad y de la ausencia total de compromiso con una sociedad en la que las nuevas generaciones no tengan que elegir entre trabajar prácticamente gratis, estar parados, o emigrar; supone tolerar un capitalismo de captura, donde el sector público es una pieza de caza mayor mientras se predica la eficiencia de mercado; renunciar a reconducir la Unión Europea hacia una mayor integración fiscal e institucional, y, finalmente, contribuye al enquistamiento y la polarización a la hora de afrontar el llamado “problema catalán”.

La continuidad contribuye al enquistamiento y la polarización en el llamado “problema catalán”

Si pensamos en la gravedad de los problemas y en las soluciones deseables, lo verdaderamente irresponsable no es negarse a la continuidad de un Gobierno del PP sino renunciar a construir una mayoría alternativa que es aritméticamente posible y políticamente muy urgente. Aquellos que tienen no solo la posibilidad sino también el mandato de intentar una alternativa se autoexcluyen por razones de supervivencia interna vinculadas a la cuestión catalana. La distancia entre En Comú-Podem y los partidos soberanistas de izquierdas, por un lado, y los sectores del PSOE representados por Susana Díaz, por otro, actúa como un seguro para Rajoy. De momento, es más cómodo sentirse “enviados a la oposición” cuando solo han sido enviados al Parlamento. Cuesta imaginar una actitud menos justificable cuando, sin histrionismos y con cesiones asumibles, las bases para un acuerdo en lo económico, en lo social y en lo institucional son evidentes. A su vez, el referéndum, repetida y democráticamente reclamado por la sociedad y el Parlamento catalanes, tendría cabida en un programa de reforma del Estado que contribuiría a gestionar el problema político que plantea el independentismo de forma racional y asumible también por la ciudadanía catalana, ofreciendo una alternativa en positivo. Motivados por cuestiones internas, algunos socialistas encuentran estratégicamente atractivo enfundarse en la bandera para justificar su inmovilismo; otros quizá estén esperando a que Rajoy fracase para mover ficha. El coste de ambas actitudes es muy alto porque obliga a una posición lógicamente insostenible y dificulta una alternativa económica esencial para millones de familias. Además, debilitan aquello que dicen proteger. Los datos son incontestables: el inmovilismo constitucional alimenta el independentismo, en una prueba más de que hay amores que matan. Frente a esa posibilidad, negociar un programa de gobierno que aborde las crisis con ambición y aprendiendo de los errores de otros es la única forma de garantizar no solo la integridad territorial y el futuro de nuestros hijos, sino la propia supervivencia de aquellos que parecen haber abdicado de su responsabilidad con sus representados.

Pablo Beramendi es profesor de Ciencia Política en Duke University.