Revisar los CIE

La reapertura del Centro de Internamiento de Extranjeros de Zona Franca (CIE) por parte del Ministerio del Interior, contra el criterio del Ayuntamiento de Barcelona, el Parlamento catalán y el Gobierno autónomo, ha dado lugar a un enfrentamiento institucional que debería haberse evitado. El Ayuntamiento ha recurrido a su capacidad de inspección de las instalaciones para tratar de impedir la reapertura de un instrumento de la política de extranjería sobre el que no tiene competencias, y el Ministerio del Interior ha respondido con una prepotencia y una opacidad indigna de una administración pública. Los representantes políticos deberían evitar instrumentalizar las instituciones que gobiernan para peleas que deben dirimirse por otros cauces.

Dicho esto, las críticas que desde distintos organismos se vierten sobre los CIE tienen su fundamento. Estos centros fueron creados para canalizar la expulsión de los extranjeros en situación irregular, pero en la práctica se han convertido en cárceles transitorias en las que se ingresa a personas que, aunque en situación irregular, no han cometido delito alguno. A estos centros van a parar inmigrantes que se encuentran en todo tipo de situaciones, incluidos muchos que han tenido durante años permiso de residencia y lo han perdido al quedarse sin trabajo. Aunque algunos centros, entre ellos el de Barcelona, han mejorado sus instalaciones, otros presentan todavía deficiencias graves.

Las organizaciones humanitarias insisten en que el uso que se hace de ellos vulnera los derechos humanos y además resultan ineficaces para los propósitos que se crearon. La prueba de que los CIE no cumplen su cometido es que, según ha revelado un informe del Defensor del Pueblo, solo el 41% de los 6.930 extranjeros internados en 2015 en alguno los ocho centros que hay en España fueron expulsados del país. El resto quedó en libertad. Se da la paradoja de que la propia autoridad gubernativa que les había recluido, les dejo sin más en la puerta del centro. El internamiento cautelar debería ser la última opción previa a la expulsión, una vez acreditado que se cumplen todos los requisitos legales para ella. Habida cuenta del fracaso respecto del objetivo para el que fueron creados, resulta pertinente revisar su función y estudiar posibles alternativas.