Dopaje de Estado

No lo tiene fácil el Comité Olímpico Internacional para resolver el grave caso de dopaje revelado por el informe McLaren según el cual Rusia habilitó entre 2010 y 2015 un mecanismo para burlar los sistemas de control. Hasta 643 muestras de orina positivas a sustancias prohibidas de una veintena de disciplinas olímpicas se transformaron en negativas.

El informe McLaren, encargado por la Agencia Mundial Antidopaje, revela que no estamos, como en ocasiones anteriores, ante casos individuales. En esta ocasión, el fraude es generalizado y fue ideado y organizado desde el propio Ministerio de Deportes poco antes de los Juegos de Invierno de Sochi, con el objetivo de superar el bache de medallas que atravesaba el país. Para su ejecución, el plan contó con la colaboración de agentes secretos del Servicio Federal de Seguridad. La Agencia Mundial Antidopaje y más de una decena de agencias nacionales, encabezadas por EE UU y Canadá, han pedido al COI que suspenda la participación de Rusia en los Juegos de Río que empiezan el 5 de agosto. Esta medida plantea el inconveniente de que, al sancionar al país, puede perjudicar a deportistas sin tacha; es decir, que acaben pagando justos por pecadores.

El COI debe adoptar una resolución suficientemente contundente como para que sirva de escarmiento, pero preservar al tiempo el derecho a competir de los atletas que puedan acreditar un historial limpio. De momento, el comité ha pospuesto su decisión, pero no debe olvidar que la credibilidad de la lucha contra el fraude dependerá de la resolución que adopte. El organismo internacional debe encontrar una forma justa de sancionar este gravísimo hecho y no dejarse amilanar por las amenazas veladas que ya ha lanzado el Gobierno de Putin al afirmar que colaborará con el COI para identificar a los culpables, pero insinuando que, de ir demasiado lejos en el castigo, se podría volver a los tiempos de boicots a los Juegos Olímpicos.