España frente a la amenaza yihadista

Los españoles son conscientes de la amenaza que para nuestro país supone el terrorismo yihadista. En mayo de 2015, un 92,5% de los entrevistados en el Barómetro del Real Instituto Elcano (BRIE) lo consideraba la principal amenaza que afronta nuestro país, cifra que suponía un incremento de 8,5 puntos porcentuales respecto a la obtenida en abril de 2014. Según un sondeo del Parlamento Europeo llevado a cabo en abril de 2016, cuatro de cada 10 españoles están convencidos de que, en estos momentos, la posibilidad de que se produzca un atentado terrorista en España es alta.

Pero sólo el 60,5% de los entrevistados en el BRIE consideraba que se estaba haciendo lo debido en la lucha contra el terrorismo yihadista. Esta valoración crítica refleja probablemente cuestiones ajenas a la mera respuesta policial y contrasta con las numerosas operaciones antiterroristas del Cuerpo Nacional de Policía, la Guardia Civil y los Mossos d’Esquadra desde 2013 hasta mayo de 2016, como resultado de las cuales se detuvo a más de un centenar y medio de individuos, un 81,6% de ellos por implicación en actividades relacionadas con el Estado Islámico (ISIS, en sus siglas en inglés) y el 18,4%, por su vinculación a la rama magrebí de Al Qaeda o una de sus organizaciones asociadas.

Esas operaciones antiterroristas constituyen la manifestación más visible de la respuesta que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado (FCSE) y las policías autonómicas competentes en sus respectivas demarcaciones están dando a la actuación de individuos o entramados relacionados con el terrorismo yihadista. Respuesta que les obliga a una continua y rápida actualización de sus conocimientos e inteligencia debido a las mutaciones del yihadismo global y la diversificada manera como la amenaza terrorista inherente al mismo afecta a nuestro país. Pero se trata de una respuesta no exenta de problemas.

Después del 11-M, responsables policiales y del ministerio público optaron por anticipar operaciones antiterroristas para desbaratar posibles atentados en fase de planificación o preparación. Esta perspectiva ha sido decisiva para que en España no se haya registrado, desde el episodio suicida de Leganés, el 3 de abril de 2004, un nuevo acto de terrorismo yihadista. También es valiosa por su efecto disuasorio sobre individuos cuyo reclutamiento hubiera sido reciente y su grado de implicación limitado. Pero suele proporcionar pruebas menos sólidas que las recabadas tras investigaciones más prolongadas y requiere razonamientos legales basados en evidencias circunstanciales, lo cual incide sobre las sentencias dictadas.

Tras los atentados de París y de Bruselas, las actitudes negativas hacia los musulmanes son compartidas ya por el 50% de los españoles

En cualquier caso, desde el inicio de la actual movilización relacionada con la insurgencia yihadista en Siria e Irak, un cambio introducido en las estructuras españolas de seguridad interior puede contribuir a atenuar algunos de esos problemas. Nos referimos a la fusión, en 2014, del Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista (CNCA) y del Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado (CICO) en el nuevo CITCO, organismo más idóneo para, además de coordinar investigaciones sobre terrorismo yihadista, trazar sus conexiones con la delincuencia organizada. También deberían contribuir a minimizar los problemas derivados del enfoque anticipatorio las nuevas disposiciones sobre terrorismo del Código Penal, en vigor desde julio de 2015.

En suma, ante una amenaza yihadista como la actual, la de mayor intensidad en la última década, España debe mantener y mejorar tanto las capacidades como la coordinación antiterrorista de las FCSE, de las policías autonómicas competentes en materia de terrorismo y del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Nuestro país tiene igualmente que continuar adaptando y actualizando el tratamiento jurídico del terrorismo, sin obviar asuntos cruciales que afectan a un apropiado enjuiciamiento criminal de los detenidos, para que las instituciones judiciales sean, además de garantistas en la protección de derechos fundamentales y libertades públicas, más eficaces frente al yihadismo.

Por otra parte, el componente autóctono y el exponente homegrown que en España denota el yihadismo, en especial respecto a la destacada presencia de segundas generaciones, reclaman una implementación efectiva y localizada, en distintos ámbitos y en diversas áreas de actuación, del Plan Estratégico Nacional de Lucha contra la Radicalización Violenta (PEN-LRV) aprobado en enero de 2015. Ello requiere tanto una necesaria cobertura institucional a distintos niveles de gobierno como el adecuado concurso de las entidades concernidas de la sociedad civil, sin empoderar a aquellas entidades, dentro de las comunidades islámicas, que no compartan los principios de la democracia liberal.

Hay que evitar que el terrorismo produzca divisiones y fracturas que distancien a la población musulmana que es parte de la sociedad española del resto de la población

Además, apremia que en paralelo se desarrollen iniciativas públicas y privadas que incrementen nuestra resiliencia social frente al terrorismo yihadista. Se trata de evitar que este fenómeno produzca divisiones y fracturas que distancien a la población musulmana que es parte de la sociedad española del resto de la población. Otro sondeo reciente, en esta ocasión del Pew Research Center, llevado también a cabo en abril de 2016, pone de manifiesto que, tras los atentados de París y de Bruselas, las actitudes negativas hacia los musulmanes son compartidas ya por el 50% de los españoles.

Por su parte, el componente foráneo y básicamente marroquí de la actividad terrorista relacionada en nuestro país con el fenómeno yihadista, así como el hecho de que la mayoría de los mencionados detenidos estuviesen integrados en células, grupos o redes transnacionales, hace imperativo que se sostengan y desarrollen mecanismos de cooperación internacional. Una cooperación que en su faceta bilateral se refiere principal pero no exclusivamente a Marruecos y en la multilateral especialmente a la Unión Europea. A España corresponde, además, favorecer iniciativas legítimas de la comunidad internacional en zonas del exterior que son foco de la amenaza del terrorismo yihadista.

En cualquier caso, los resultados de aplicar en y desde España políticas frente a la amenaza del terrorismo yihadista dependerán de que se sustenten en un amplio consenso parlamentario. Una oportunidad para consolidarlo la ofrece la revisión pendiente de la Estrategia Integral Contra el Terrorismo Internacional y la Radicalización (EICTIR), aprobada en 2010 por el Gobierno de España y ratificada en 2012 por un nuevo Ejecutivo de nuestro país, en vigor desde entonces. Existe además un mecanismo para ello desde 2015, el acuerdo para afianzar la unidad en defensa de las libertades y en la lucha contra el terrorismo, conocido como pacto antiyihadista.

Fernando Reinares es investigador principal de Terrorismo Internacional en el Real Instituto Elcano, catedrático en la Universidad Rey Juan Carlos y adjunct professor en la Universidad de Georgetown. Carola García-Calvo es investigadora en el Programa sobre Terrorismo Global del Real Instituto Elcano y profesora asociada en la Universidad Pontificia de Comillas.