Pensiones en crisis

La financiación del sistema de pensiones públicas se enfrenta a medio plazo a un riesgo de colapso. Es un hecho que ni la raquítica reforma aprobada por el Gobierno ni el olvido sistemático del problema en la cadena ininterrumpida de campañas electorales pueden remediar. El continuo recurso al Fondo de Reserva de la Seguridad Social —8.700 millones retirados a primeros de este mes para pagar la extra de las pensiones y una cantidad similar que habrá que detraer en diciembre— evidencia que el sistema actual de pensiones está sufriendo una crisis muy profunda, que pone en entredicho la viabilidad del sistema y que exige una respuesta inmediata de los partidos en forma de un pacto de Estado a medio y largo plazo, cuya negociación debe iniciarse de forma inmediata.

Las pensiones están en crisis porque tienen un grave déficit estructural: los gastos en prestaciones crecen más deprisa que los ingresos. Y esto es así por varias razones que los políticos eluden de forma irresponsable.

La causa estructural decisiva, e imparable, es el aumento constante del periodo que va desde la fecha establecida para la jubilación —65 años, con una extensión paulatina hasta los 67 a razón de dos meses por cada año transcurrido— hasta el momento del fallecimiento. Ese periodo no ha hecho más que aumentar a causa de la prolongación de la esperanza de vida. Solo por esta causa, el sistema de reparto, según el cual las cotizaciones de los trabajadores actuales pagan las prestaciones de los jubilados, tiene una elevada probabilidad de convertirse en inviable en el próximo decenio.

Otros factores, más coyunturales, contribuyen al pesimismo sobre la solvencia del modelo. El empleo se recupera en buena medida por la vía de la precariedad, de forma que crecen poco los ingresos por cotizaciones sociales. Las embarulladas decisiones para incentivarlo (principalmente las cotizaciones planas) han contribuido a agravar el déficit; no han resuelto el problema de la precariedad y suponen un coste muy elevado para las arcas del sistema.

El próximo Gobierno se enfrenta a una crisis perentoria —en cinco años aflorarán serias dificultades para pagar las prestaciones— que exige el compromiso de todos los partidos para conseguir un modelo estable. Por desgracia, el margen de maniobra inmediato es muy reducido. No es aconsejable subir las cotizaciones, porque supondría gravar el empleo; la propuesta del PSOE de pagar una parte de las prestaciones (por ejemplo, las de viudedad y supervivencia) a través de recargos fiscales es bienintencionada, pero parece difícil que pueda articularse un mecanismo eficaz para extraer 20.000 millones anuales más.

La crisis de las pensiones está ya aquí. Como problema de Estado, ya no puede ser ignorada ni aplazada. Exige una negociacion inmediata, desde el momento en que se forme el Gobierno, para tranquilizar a los pensionistas y a los ciudadanos con las medidas inmediatas que sean necesarias (quizá aportación presupuestaria parcial). Pero para que el colapso no arruine el sistema en 2022 es necesario negociar una reforma en 2016. Desde ya.