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La tentación utilitarista de la Iglesia católica

La cúpula eclesial reivindica la contribución de su patrimonio y los servicios que presta al PIB del país

Escaparate de una tienda de trajes de primera comunión en Valencia.
Escaparate de una tienda de trajes de primera comunión en Valencia.

El catálogo de Ikea no solo ha inspirado el programa electoral de Podemos. También inspira la campaña emprendida por la Iglesia católica española para venderlo mucho que considera que aporta a la sociedad, y no solo en cuanto a alimento espiritual y guía moral, sino también en términos meramente crematísticos. Para ello ha difundido un extenso catálogo destinado a demostrar que la Iglesia, lejos de ser la rémora que muchos consideran, es un importante activo económico para el país. 

El catálogo se detiene a calcular y exponer, con el mismo despliegue gráfico con el que los supermercados ofrecen sus ofertas de 2x1, las cifras de lo que su actividad y patrimonio acumulado durante siglos aportan al PIB nacional. La Iglesia, viene a decir, no es, como sus detractores pretenden, un parásito que vive del presupuesto público, por mucho que el Estado pague el salario de los 25.660 profesores de religión que ella designa, financie con fondos públicos la red de colegios católicos concertados y haga cuantiosas aportaciones al patrimonio cultural que gestiona. Al revés. Según su portavoz, “las supuestas riquezas de la Iglesia están al servicio de nuestra sociedad y nuestra economía”. Aunque la frase suene extraña, porque si supuestas, poco servicio harán, el opúsculo deja claro que esas riquezas son tangibles y están perfectamente cuantificadas. Las cifras son espectaculares: 23.071 parroquias, 18.813 sacerdotes, 57.531 religiosos, 819 monasterios, 2.600 centros educativos, 15 universidades. Junto a ello, la ingente actividad de servicios: 240.282 bautizos, 244.252 primeras comuniones, 116.787 confirmaciones, 52.000 matrimonios...

La gerencia episcopal se ha detenido a calcular lo que todo ese haber representa para el Estado y la economía española. Estima, por ejemplo, en 22.620 millones de euros —el 2,17% del PIB— y 225.300 puestos de trabajo el impacto económico de los inmuebles de interés cultural. Y en 9.900 millones y 134.000 empleos el de las celebraciones religiosas, fundamentalmente en el sector de la restauración. También dice que los centros concertados ahorran al Estado 2.692 millones, pero eso no está tan claro: ¿acaso no cobra por la enseñanza? Lo que no aparece es el valor de los muchos inmuebles que ha inmatriculado en los últimos años gracias a una muy generosa normativa aprobada en su día por el Gobierno de Aznar.

Lo que sorprende de este catálogo es el intento de justificar desde el punto de vista económico lo que, tratándose de una institución religiosa, seguramente no debería ser su principal preocupación. La Iglesia ha tenido una súbita tentación utilitarista y ha querido hacer valer su contribución a la felicidad colectiva según lo que su “supuesta riqueza” aporta en términos monetarios al bienestar general. Pero puede que no sea tan buena idea. Como no lo fue en su día la pretensión de algunas entidades humanitarias de utilizar como argumento en favor de los inmigrantes lo mucho que contribuían a la economía. Porque los ciclos económicos van y vienen y hay argumentos que pueden tener un significado de ida y otro muy distinto de vuelta.

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