Un canon digital fracasado

La decisión del Tribunal de Luxemburgo de declarar ilegal el modelo de canon digital pagado a través de los Presupuestos es una nueva demostración de la escasa finura jurídica y la poca atención a las normas europeas con que el Gobierno ha tratado los problemas más complejos del mercado cultural y de las telecomunicaciones. La decisión, tomada en 2012, de sustituir el canon que pagaban los aparatos de reproducción —para compensar por las copias de productos artísticos— por una partida presupuestaria se ha revelado como una chapuza que no solo no ha resuelto el problema sino que ha demorado su posible solución durante años.

El fracaso legal y económico se produce por dos razones principales. No es equitativo cargar a los contribuyentes con el pago de una compensación que no disfrutan en términos genéricos; no todos ellos copian películas, se bajan música o piratean productos culturales. En pura lógica, social y económica, deben ser las empresas que se benefician de las copias las que tienen que compensar a los titulares de los derechos. Y ése es exactamente el término del debate. Tampoco era justo el sistema anterior,en el cual pagaban los fabricantes de aparatos de reproducción, porque no era ni proporcional ni equitativo. Y las entidades de gestión cobraban tarifas abusivas y sin apenas control.

Por añadidura, la solución presupuestaria resultaba un fiasco porque en tiempos de recortes presupuestarios la compensación fue reduciéndose hasta convertirse en testimonial. El problema del canon no es un capricho para los creadores y las asociaciones que les representan, ni una cuestión menor que pueda olvidarse por el camino. El Gobierno que salga de las elecciones debería ser capaz de atribuir el canon compensatorio a los grupos empresariales o tecnológicos que se benefician de la producción artística. Se trata de que el fracaso jurídico no se convierta además en un desastre para un mercado productivo.