Contra los creadores

En plena batalla de Inglaterra, con los cielos londinenses infestados de aviones nazis, los ministros del Gobierno británico plantearon a su premier Winston Churchill la necesidad de recortar múltiples partidas presupuestarias para que todos los esfuerzos se concentrasen en la guerra. Churchill era un político del sector más conservador de su partido y un absoluto defensor de la lucha contra Hitler; pero cuando uno de sus ministros sugirió reducir los presupuestos de la cultura —palabra que a los nazis les provocaba deseos de sacar la pistola, según unas famosas palabras de Goering—, brincó de su sillón y bramó: “Y entonces, ¿para qué combatimos?”.

Traigo a colación la anécdota para poner en cuestión la idea tan generalizada en España de que la cultura está ligada a la izquierda política y que es incompatible con la derecha conservadora. No es así: Ortega, Unamuno e, incluso, Azaña, por citar algunos casos, no eran precisamente unos revolucionarios. Y en el mundo hay muchos otros ejemplos. Pero una cosa es derecha conservadora y otra muy distinta lo que en nuestro país conocemos como la caverna. Cavernícola es, por ejemplo, reducir los presupuestos culturales hasta niveles irrisorios, como lo es dejar sin apenas fondos a las bibliotecas, recortar las ayudas a los programas culturales de las escuelas y otras tropelías que han culminado con una campaña contra las pensiones de los creadores, orquestada desde el departamento de Trabajo y Seguridad Social de la ministra Fátima Báñez.

Este último tema es conocido y no precisa muchas explicaciones. En síntesis, supone que a un jubilado no le está permitido realizar obras de creación o trabajos que le procuren un beneficio superior al del salario mínimo, so pena de perder su pensión. Y ya son un buen puñado los artistas a los que el Gobierno del PP les ha privado de ella y multado por continuar empeñados en crear. El Gobierno, para legitimar esa tarea, se acoge a leyes que, en su mayoría, resultan ambiguas, en particular en lo referido a los derechos de autor.

Sin embargo, en las semanas anteriores a la disolución de las Cortes, tanto la ministra Báñez como todos los grupos parlamentarios surgidos del 20-D, incluido el PP, mostraron a los integrantes de la plataforma Seguir Creando su desacuerdo con la ley y su voluntad de reformarla en la próxima legislatura. Pero a diferencia de los otros grupos parlamentarios, que pidieron la paralización inmediata de la campaña, el PP y la ministra afirmaron que no es posible detenerla porque no hay Gobierno ni hay Parlamento, y que, por lo tanto, la norma debe seguir siendo aplicada.

El de los derechos de autor es el único caso en España en que una propiedad deja de pasar a sus descendientes en un plazo de tiempo concreto

Tal argumento no es sólo embustero, sino también perverso. Porque el Gobierno en funciones ha tomado decisiones como prolongar sesenta años el contrato a una industria papelera contaminante en la ría de Pontevedra, o dado marcha atrás en algunos aspectos de la ley de educación del señor Wert, o, más recientemente, tratado de llegar a acuerdos con Bruselas sobre el espinoso asunto del déficit. Nuestro Ejecutivo puede gobernar. Pero tan sólo cuando le conviene.

Y es una triquiñuela perversa porque el Gobierno pone por delante el respeto a una ley, que reconoce injusta, a los principios de la ética, olvidando que la primera es hija de la segunda. Imaginemos un país en donde la legislación establece la pena de muerte, y los partidos, incluso el que ejerce el poder ejecutivo, llegan al acuerdo de derogarla. Pero, al tiempo, ese Gobierno considera que, hasta que no haya una nueva legislación que la invalide, la norma debe cumplirse y los condenados han de ser ejecutados. En su esencia, eso es lo que viene a hacer el PP privando a los creadores de sus pensiones y reclamándoles cantidades millonarias por lo cobrado hasta ahora.

Por otra parte, la injusticia con los creadores llega a niveles éticamente insostenibles. Por ejemplo: los derechos de la obra de un artista vencen a los 70 años de su muerte y pasan a ser de “dominio público”; no así las fincas de la Casa de Alba o un taller de carpintería fundado hace siglos por los antepasados de sus actuales dueños. El de los derechos de autor es el único caso en España en que una propiedad deja de pasar a sus descendientes en un plazo de tiempo concreto.

Churchill y nuestros Ortega, Unamuno y Azaña representaban un conservadurismo culto. Pero no así, desdichadamente, el del PP de los Wert y Báñez, que remite a las honduras cavernarias de nuestra historia.

Javier Reverte es escritor.