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El Derecho a la Ciudad. O, dicho de otro modo, intentar garantizar que las personas puedan disfrutar de todos sus derechos —como la libertad de expresión y asociación, pero también la garantía de acceder a una vivienda y empleo dignos— en cada municipio. Este fue el hilo conductor de la cumbre que reunió a organizaciones no gubernamentales, movimientos sociales y Ayuntamientos en Barcelona, el pasado 2 de abril. Los participantes, agrupados bajo el paraguas de la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad —una red de redes que quiere profundizar el acceso de la ciudadanía a los derechos sociales—, buscan sumar esfuerzos para marcar la agenda de la Conferencia de Naciones Unidas para la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible. La idea es conseguir que el Derecho a la Ciudad sea una parte fundamental del mensaje que salga del encuentro, previsto para octubre en Quito (Ecuador).

El Observatorio DESC, una alianza de organizaciones dedicada a la defensa de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, fue la entidad encargada de organizar el evento. Su directora, Irene Escorihuela, cree que la Plataforma, creada en noviembre de 2014, puede ayudar al “aprendizaje mutuo” entre los actores que la componen, “movimientos sociales, organizaciones [no gubernamentales], expertos, académicos y Gobiernos locales”. Es decir, al intercambio de ideas, y a que todo el mundo pueda saber “quién trabaja qué a nivel internacional”. Un instrumento, por tanto, que puede reforzar cada una de las partes que la componen. "Estar ahí [juntas] nos ayuda a precisar qué queremos, cómo lo sabemos hacer, qué más puede hacer la gente, y generar recomendaciones sobre políticas [con una perspectiva integral]", abunda Lorena Zárate, presidenta de la Coalición Internacional por el Habitat, una alianza de organizaciones en favor del Derecho a la Ciudad.

El Derecho a la Ciudad busca que los Ayuntamientos tengan en cuenta los efectos de sus políticas

Otra cosa es que esta red de redes, que ha celebrado en Barcelona su primer encuentro para toda Europa, deba coordinar las acciones de las entidades que la componen hasta Quito. Al tratarse de una alianza mundial, los actores que la componen son diversos. Y sus intereses, también. Algunos movimientos, por ejemplo, no desean trabajar con Gobiernos locales, debido que son “autoridades con responsabilidades”, explica Escorihuela. Sin embargo, la directora del Observatorio DESC no descarta que puedan surgir propuestas a nivel continental, donde los objetivos que buscan las organizaciones pueden ser más similares. Del mismo modo que surge la duda acerca de si hay que cooperar con las Administraciones, algunas organizaciones prefieren implicarse en la negociación de Quito, mientras otras buscan organizar movilizaciones alternativas.

La relación con las Administraciones suscita, precisamente, otro debate. Algunos Ejecutivos pueden ser más cercanos que otros a las demandas de las asociaciones, y un cambio en quién ostenta la alcaldía puede poner trabas a futuros avances. Para hacer frente a esta situación, algunos de los activistas proponen mantener la distancia, apoyando o presionando a los Gobiernos en función de las decisiones que tomen.

Allí donde los movimientos sociales han conseguido difundir la idea del Derecho a la Ciudad, los Ayuntamientos intentan coordinar la labor de sus Departamentos

La clave está, tal vez, en aceptar estos cambios y buscar puntos en común. “No estamos obligados a decir lo mismo. Decimos siempre que nuestra fuerza es la fuerza de tomar iniciativas. En México hemos trabajado en juventud y fiscalidad social. En Corea del Sur van avanzando hacia el Derecho a la Ciudad”, explica Magalí Fricaudet, de la Red Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales y Regionales (CGLU), entidad que agrupa a 1.000 Gobiernos municipales y 140 asociaciones de Gobiernos locales. “Cuando unas ciudades se hacen hermanas, lo siguen siendo pese a los cambios políticos. Cuando se construyó la red lo hicimos con los socialistas. Cuando pasó con la derecha, seguimos trabajando. Y un día cambiaremos también nosotros. Sabemos que tenemos más valores comunes, hacemos cosas conjuntas”, añade Antonio Aniesa, representante de la mancomunitat de Plaine Commune de París (França) i miembro de CGLU.

Las organizaciones que han participado en el encuentro buscan situar el Derecho a la Ciudad en el centro de la agenda de Habitat III. Y conseguir, con ello, que los municipios del sur y el norte global tengan en cuenta las necesidades de la población cuando tengan que planificar su política de espacios públicos, de vivienda o de infraestructuras. Però, ¿qué repercusiones ha tenido este concepto?

Eva García, investigadora del Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra (Portugal), explica que sus efectos se han dejado notar, sobre todo, en América Latina, más allá de algunos documentos como la Carta Urbana Europa de 2008, del Consejo de Europa; y la Carta-Agenda Mundial de Derechos Humanos en la Ciudad, de 2011. ¿Por qué es así? Parte de la explicación podría estar en el factor tiempo: Los movimientos sociales latinoamericanos empezaron a usar el concepto desde los años 80. “Hay una experiencia de décadas de trabajo. El valor añadido del Derecho de la Ciudad a generar alianzas ya está superado [allí]”, añade García. Allí donde se ha usado más, permite a las organizaciones compartir un lenguaje común, con independencia de si trabajan en una gran urbe o una población pequeña. Y sentirse legitimadas. “Refuerza el sentimiento de que pueden encontrar aliados”, apunta la investigadora.

La Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad ayuda al intercambio de experiencias entre organizaciones 

Para aquellos Gobiernos locales que han integrado el Derecho a la Ciudad en su práctica diaria —principalmente Administraciones latinoamericanas—, aplicarlo "implica un cambio radical en la forma en que está estructurado un Gobierno”, apunta Zárate. Conlleva remplazar una estructura basada en una división por departamentos e “incoherencias de no coordinación” por otra en la que se vincula lo que hace en un área con las otras.

Cada experiencia es un mundo. Escorihuela explica que los Ayuntamientos de Ecuador han diseñado mecanismos de participación para permitir la revocación de cargos electos o la participación en los plenos. Se trata, sin embargo, de canales “de escucha”, donde las decisiones no suelen ser vinculantes. Hay también “el peligro de criminalizar aquellos que participan fuera de los canales formales, haciendo huelgas, por ejemplo”, avisa la directora del Observatori DESC. Zárate, por su parte, repasa distintos ejemplos, como “el ministerior de las ciudades en Brasil”, que aglutina funciones de “planeamiento urbano, dotación de infraestructura y vivienda”; o “los planes de mejora de los barrios” del Distrito Federal de México —que ayudan a la puesta en marcha de servicios públicos como centros comunitarios o parques—. "Entre los que quieren cambiar es muy difícil [por la inercia]. Pero hay ejemplos, que en general recogen experiencias y propuestas de movimientos sociales y redes de la sociedad civil”, concluye la activista mexicana.